La estrategia del Gobierno para ganar tiempo volvió a chocar con los tribunales. En plena feria judicial, un juez ordenó que el Ministerio de Capital Humano continúe con el relevamiento e incorporación de comedores comunitarios al programa Alimentar Comunidad, sin excusarse en el receso de verano. La decisión apuntó a evitar que la falta de definiciones prolongue la exclusión de familias que dependen de estos espacios para acceder a alimentos.
El juez en lo contencioso administrativo Walter Lara Correa resolvió habilitar la feria tras un pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Ambas organizaciones reclamaron que el Gobierno no interrumpa un proceso que ya estaba en marcha y que incluye la incorporación de 30 comedores en los próximos días, bajo la órbita del ministerio que conduce Sandra Pettovello.
El conflicto no resulta nuevo. En noviembre de 2024, la Justicia condenó en primera instancia al Estado nacional por no garantizar el derecho a la alimentación, fallo que la Cámara del fuero confirmó meses después. Aunque la discusión de fondo sigue en la Corte Suprema, permanece vigente una medida cautelar que obliga a Capital Humano a sostener la política alimentaria que la gestión libertaria desarmó al inicio del mandato de Javier Milei. En ese momento, el Gobierno argumentó que buscaba eliminar intermediarios sociales y habló de auditorías y comedores inexistentes, sin aportar pruebas consistentes.
Durante el primer año de gestión, el hallazgo de miles de toneladas de alimentos almacenados en galpones oficiales —algunos próximos a vencer— expuso el rumbo de la política social. La Justicia forzó su distribución, aunque un informe posterior advirtió que no se puede reconstruir con claridad el destino final de esos productos por fallas en la trazabilidad. En paralelo, quedó firme el esquema que reemplazó la entrega directa de comida por una tarjeta prepaga, un mecanismo que el Ejecutivo acata a regañadientes y con demoras.
El avance de los reclamos judiciales mostró un patrón: cada nueva tanda de comedores presentada por el CELS y la UTEP encuentra resistencia oficial. Por ese motivo, el juez autorizó a que el propio ministerio realice relevamientos y controles. “Eso permitió demostrar que la mayoría existen y que ciertos casos aislados dejaron de funcionar precisamente porque no recibieron más alimentos”, explicó a Página/12 Leonel Bazán, abogado del área de Tierra, Vivienda y Justicia Económica del CELS. Pese a las trabas, ya son 72 los comedores incorporados al programa.
Otra línea defensiva del Gobierno apuntó a sostener que el aumento de la Asignación Universal por Hijo y de otras prestaciones vuelve innecesarias las políticas alimentarias indirectas. Desde las organizaciones rechazaron ese argumento y recordaron que el propio fallo judicial sostuvo el carácter complementario de ambas herramientas. “Nosotros explicamos que eso es falso y, además, el juez Lara Correa en su sentencia sostuvo que son políticas complementarias”, señaló Bazán.
En noviembre pasado, las entidades impulsoras de la acción colectiva presentaron un nuevo listado de 30 comedores. El juzgado intimó al ministerio a realizar el relevamiento en un plazo de diez días, que comenzó a correr el 19 de diciembre. Con el inicio de la feria, el Ejecutivo intentó frenar el reloj. La respuesta judicial llegó ahora, con una resolución que remarcó la urgencia del caso y el impacto directo sobre derechos básicos.
“En la medida que no avance el plazo previsto para el cumplimiento de las intimaciones por parte del demandado, las familias que asisten a estos comedores seguirán excluidas del programa social reclamado, se extenderá en el tiempo y agravará la vulneración de su derecho a la alimentación”, advirtieron el CELS y la UTEP en su presentación. También subrayaron que se trata de un asunto que “no admite demoras” y que requiere “diligencias urgentes”.
Los comedores involucrados funcionan en Chaco, Santa Fe, Catamarca, Jujuy, Córdoba y la provincia de Buenos Aires. Según el fallo, el Estado debe garantizar la asistencia alimentaria de manera inmediata, en especial para niños y niñas que dependen de estos espacios. Tanto el juez como la Cámara ya habían advertido que el Gobierno no puede aplicar medidas regresivas que vulneren un derecho humano básico protegido por la Constitución y los tratados internacionales. La habilitación de la feria volvió a dejar esa advertencia por escrito.
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