Milei le pone un techo a las indemnizaciones y beneficia a las empresas en los juicios laborales

El gobierno de Javier Milei avanzó con un cambio de fondo que modifica cómo se actualizan las indemnizaciones y otros créditos judiciales. A través del Banco Central, la gestión libertaria presentó una nueva tasa de referencia que acota los criterios usados por los tribunales y abre la puerta a que los montos finales queden por debajo de la inflación, con impacto directo sobre los trabajadores que litigan durante años para cobrar.

El nuevo esquema surge con el argumento oficial de “ordenar” la disparidad de criterios judiciales y evitar lo que el Ejecutivo define como “pérdidas para las empresas”. En los hechos, la medida introduce un sistema que combina tasas activas y pasivas del sistema financiero, pero con límites claros: un techo equivalente a la inflación medida por CER más un 3% anual y un piso de inflación menos 3%.

La decisión se apoya en el artículo 768 del Código Civil y Comercial, que establece que, si no hay acuerdo entre las partes ni leyes especiales, el Banco Central puede fijar las tasas aplicables. Durante años, la autoridad monetaria publicó referencias que no alcanzaban a preservar el valor real de los créditos, en un contexto de inflación muy superior a las tasas bancarias. Ese vacío empujó a los tribunales a aplicar fórmulas propias, que con el tiempo se fueron unificando.

En la Justicia laboral se volvió habitual actualizar los montos por inflación con un adicional cercano al 3% anual. El criterio buscaba compensar el tiempo de espera y el llamado costo de oportunidad: el dinero que el trabajador no pudo usar mientras duró el juicio. Esa práctica es la que ahora el Gobierno busca acotar.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió públicamente el cambio y sostuvo que el esquema apunta a repartir los costos de manera más equilibrada. “La idea en periodos de tasas reales negativas, distribuye los costos mas lógicamente entre las partes al ajustar por un poquito menos que la inflación”, escribió en redes sociales.

La herramienta aprobada por el Banco Central se denomina Tasa de Intereses Moratorios (TIM). No es de aplicación obligatoria, pero funciona como referencia técnica para los jueces. El punto más sensible es que la TIM legitima actualizaciones por debajo de la inflación en determinados tramos, algo que hasta ahora muchos tribunales evitaban.

Un ejemplo permite dimensionar el efecto. Un trabajador despedido en 2018, con una indemnización inicial equivalente a 100 unidades, que cobra recién en 2025, enfrenta una inflación acumulada cercana al 2.500%. Con una actualización de inflación más 3%, el monto final apenas preserva el poder adquisitivo original. Con tasas que queden sistemáticamente por debajo de la inflación —como habilita la nueva banda inferior—, ese mismo crédito puede terminar valiendo entre 20% y 30% menos en términos reales.

Desde el Gobierno sostienen que la medida reduce el “riesgo judicial” y evita fallos supuestamente impagables. Sin embargo, la mayoría de los juicios laborales no involucra cifras extraordinarias sino indemnizaciones medias y bajas, donde el problema central no es el monto sino la duración: en grandes jurisdicciones, los procesos suelen extenderse más de cinco años.

La nueva tasa no elimina otros criterios ni deroga normas vigentes, pero introduce una referencia avalada por el Banco Central que tiende a ordenar —y a la vez disciplinar— las decisiones judiciales. En un escenario de alta inflación y juicios extensos, el cambio redefine quién absorbe el costo del paso del tiempo: lejos de las empresas, vuelve a recaer sobre los trabajadores.

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