El oficialismo avanza con un nuevo paso dentro de su política de ajuste: habilitó la implementación de planes de retiro voluntario y mecanismos de desvinculación en organismos estatales y empresas públicas. La medida se formalizó a través de la Resolución Conjunta 50/2025, rubricada por Carlos Jorge Guberman, secretario de Hacienda, y Maximiliano Fariña, a cargo de Transformación del Estado y Función Pública.
Según la normativa, cualquier dependencia o compañía estatal que impulse esquemas de salida “de alcance general” deberá obtener el visto bueno de dos dependencias clave:
- La Subsecretaría de Presupuesto, bajo la órbita del Ministerio de Economía, encargada de constatar si hay recursos disponibles.
- La Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que se ocupará de revisar los aspectos laborales y administrativos.
El Gobierno justificó la decisión en el marco de un proceso de “simplificación y reducción del Estado”, con el argumento de mejorar la eficiencia interna y achicar el gasto salarial. En los hechos, marca el inicio de un esquema que centraliza el control económico y político de las bajas en la administración pública.
Detalles del mecanismo
Las reparticiones que busquen sumarse deberán elaborar un proyecto con información detallada sobre la dotación afectada, las condiciones para acceder al retiro, las modalidades de pago, los beneficios extra y los costos proyectados.
Una vez obtenida la autorización, estarán obligadas a remitir en un plazo de cinco días hábiles un registro digital con los datos de cada trabajador adherido: nombre, CUIL, salario, fecha de salida y monto correspondiente.
El programa abarca tanto a la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada como a las empresas con mayoría estatal, lo que permite aplicarlo en distintos niveles del aparato estatal. En los ministerios nacionales, los planes deberán ser diseñados directamente por la Secretaría de Transformación del Estado y tendrán la intervención obligatoria de la Secretaría de Hacienda.
El ajuste en números
Desde la llegada de La Libertad Avanza al poder, el recorte de personal en el sector público sumó 57.621 despidos, según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El mayor impacto se concentró en la administración central (15,19%), seguida por la descentralizada (18,9%) y las empresas públicas (17,65%).
Hubo cesantías en organismos estratégicos como el INTA, el Instituto Nacional del Agua, la ex AFIP (hoy ARCA), SENASA y ANSES, entre otros. También golpeó con fuerza al sistema científico: el CONICET perdió 1.716 trabajadores entre investigadores, técnicos y personal de apoyo.
De acuerdo con el último informe del Indec, en agosto continuó la contracción de la estructura estatal: cayó 0,7% en la administración nacional y 0,4% en empresas públicas, en línea con la política de despidos sostenida por el Gobierno.
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