Los diputados nacionales Leopoldo Moreau y Blanca Osuna presentaron una denuncia penal contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por los operativos realizados el 18 de junio durante la masiva movilización en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. Acusaron al Gobierno de utilizar a las fuerzas federales para montar un esquema de vigilancia y amedrentamiento contra la militancia opositora.
La denuncia fue presentada en los tribunales de Comodoro Py y también replicada ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. Los legisladores señalaron que las medidas desplegadas por la cartera de Seguridad no fueron hechos aislados, sino parte de una “acción sistemática de persecución política” ejecutada a nivel nacional.
“La modalidad, amplitud territorial, planificación, sistematicidad y motivación ideológica de los operativos aquí denunciados permiten afirmar que no nos encontramos frente a hechos aislados o anecdóticos, sino ante un esquema organizado de persecución política y vigilancia estatal sobre ciudadanos en razón de su pertenencia o simpatía política”, dice el documento judicial, que quedó en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi.
La presentación apunta tanto a Bullrich como a las máximas autoridades de Gendarmería, Policía Federal, PSA y del Departamento Federal de Investigaciones. Se los acusa por abuso de autoridad y violación de deberes públicos, agravados por un presunto trasfondo político.
Según los denunciantes, agentes de las fuerzas interceptaron micros en distintos puntos del país —incluidas la autopista Ricchieri, la Ruta 9 y la ciudad de Villa Mercedes— y recopilaron sin orden judicial datos personales, fotografías de documentación y listas de pasajeros. Los controles fueron denunciados por su carácter intimidatorio y por vulnerar derechos constitucionales y tratados internacionales sobre libertad de expresión y participación política.
Gabriela Blanco, una de las personas afectadas, relató: “En la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, al menos cinco micros fueron desviados de la ruta, sin explicación. Por cada lugar que pasamos nos sacan fotos y nos filman. Es una persecución. Es más, cuando salimos de San Luis (capital) subieron gendarmes a pedirnos documentos».
Luis Moyano, otro de los manifestantes interceptados, declaró a AM 750: «Todos los micros que han salido de Córdoba rigurosamente han sido interceptados y requisados con distintos niveles de maltrato». Y añadió: «Esto remite a la película de Costa-Gavras ‘Estado de Sitio’, lo único que los uniformes son de esta época, no de la película».
Además, se advirtió que no se labraron actas que documenten los procedimientos, lo que para Moreau y Osuna evidencia una desviación del poder estatal con fines represivos. “La ciudadanía que padeció esas prácticas no ha sido informada de la finalidad de esas pesquisas, el contenido de las actas en las cuales obran sus datos sensibles y las órdenes judiciales que las fundamentaban”, indicaron.
Otro foco de la denuncia está puesto en el Decreto 383/2025, mediante el cual Bullrich amplió las atribuciones de las fuerzas federales. El 18 de junio, la propia ministra dio declaraciones en el canal A24 donde habló de una nueva estructura policial —la Policía Federal DFI—, sin precisar las competencias legales que la respaldan.
Los diputados sostienen que esa estructura estaría dedicada a la inteligencia partidaria y que “la conducta denunciada -sistemática recolección de datos de personas en razón de su adscripción o simpatía política, bajo el pretexto de controles preventivos- no constituye una actividad legítima de seguridad interior, sino una práctica de vigilancia ideológica a todas luces ilegal”.
Los legisladores también alertaron sobre la creación de bases de datos clandestinas con la información recolectada durante los operativos. Esa información, remarcaron, se estaría administrando sin ningún tipo de control judicial.
Por eso, solicitaron a la Justicia una serie de medidas de prueba: desde la recolección de material periodístico y audiovisual hasta la identificación de los responsables operativos de cada fuerza. También pidieron información sobre la existencia, destino y resguardo de los registros de datos personales tomados el 18 de junio.
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