El Gobierno de Javier Milei da los primeros pasos en su plan para promover el uso de los “dólares del colchón” a través de una resolución publicada por la Unidad de Información Financiera (UIF), que flexibiliza los requisitos de control sobre operaciones económicas de sectores clave, como el inmobiliario, automotor y financiero.
Con la aprobación de nuevos umbrales para transacciones, el Ejecutivo busca alentar la circulación de fondos que hasta ahora permanecían fuera del sistema formal. La UIF, en un cambio significativo, ha elevado el umbral de 200 a 750 salarios mínimos para las operaciones inmobiliarias, lo que permite a los compradores y vendedores operar sin la necesidad de justificar el origen de sus fondos si las transacciones no superan esa cifra. Esta decisión se enmarca dentro de un proceso más amplio de simplificación administrativa, y la normativa también contempla la modificación de procesos vinculados con la gestión de dinero en efectivo.
La medida generó controversia, ya que, a pesar de que el Presidente sostiene que aquellos que no tengan sus ahorros en el sistema «no son delincuentes», la flexibilización se percibe por algunos expertos como un terreno fértil para el lavado de activos. A lo largo de sus declaraciones, Milei insistió en que no le preocupa el origen de los fondos, lo cual ha sido interpretado como una apertura a que se realicen operaciones con menos controles.
Reformas clave y nuevos umbrales
Entre las reformas incluidas en la nueva normativa, se encuentra la modificación de los requisitos para la elaboración de perfiles de clientes en la compraventa de automóviles. A partir de ahora, aquellos que realicen transacciones anuales por más de 115 millones de pesos deberán presentar documentación que acredite el origen de los fondos, pero se eliminó la necesidad de una certificación contable, dando paso a una variedad de documentos alternativos.
El artículo 44 de la resolución establece que las transacciones en efectivo por montos iguales o superiores a 40 salarios mínimos deberán ser informadas sistemáticamente, tanto en el contexto de operaciones generales como en la compraventa de divisas. Sin embargo, las operaciones realizadas mediante transferencias bancarias o cheques provenientes de cuentas a nombre del titular quedan exentas de esta obligación.
Desde la UIF, argumentan que la modificación de los umbrales responde a un contexto de inflación y a las recomendaciones internacionales sobre la lucha contra el lavado de dinero. En su comunicado, el organismo explica que el ajuste también busca disminuir la carga administrativa sobre transacciones de bajo riesgo, lo que beneficiaría a sectores como el inmobiliario y el automotor, aunque algunos lo interpretan como un debilitamiento de las políticas de control.
El decreto 353/2025 y la nueva regulación
La flexibilización de los controles se origina en el Decreto 353/2025, que instruyó a la UIF a revisar y actualizar su normativa en un plazo de 30 días. Con el nuevo paquete de medidas, se pretende crear un marco más ágil para las operaciones económicas, alineado con la evolución del mercado y las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Estas reformas no solo afectan a la regulación financiera, sino que también impactan a los escribanos y a los registros públicos, buscando una armonización de los procedimientos que facilite el flujo de operaciones sin la obligación de informar el origen de los fondos en determinadas situaciones.
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