El colmo: una funcionaria libertaría investigará a su jefe por la criptoestafa

En una decisión polémica, el Gobierno de Javier Milei creó una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) para analizar el fraude vinculado a la criptomoneda $Libra, promocionada por el propio Presidente. Sin embargo, la persona elegida para encabezar esta investigación es María Florencia Zicavo, jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, quien responde directamente a la administración libertaria.

Zicavo, cercana al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, tendrá la tarea de recabar información sobre las posibles irregularidades en el caso y de elaborar un informe que podría derivar en una denuncia formal. Según la Resolución 72/2025, que estableció la creación de la UTI, su función será «colaborar de manera rápida y expedita con el Poder Judicial y/o el Ministerio Público». No obstante, la normativa también dispone que los datos obtenidos serán reservados y no estarán disponibles para el público, lo que despertó cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.

La decisión de que el propio Gobierno sea el encargado de investigarse a sí mismo ya había sido motivo de controversia, pero la designación de Zicavo intensificó las críticas. Su historial en la gestión pública la vincula con decisiones cuestionadas, como el intento de desmantelar la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), organismo clave en la búsqueda de hijos de desaparecidos durante la última dictadura. A finales del año pasado, había impulsado una reforma que le quitaba a la CONADI la potestad de acceder a archivos del Estado, lo que fue interpretado como un intento de obstaculizar el trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo. Aunque la medida quedó suspendida por la Justicia, provocó un amplio rechazo de organismos de derechos humanos y sectores políticos.

En su nuevo rol, Zicavo deberá suspender sus funciones como jefa de Gabinete y centrarse en la investigación del caso $Libra, una estafa financiera que, según la revista Forbes, habría causado pérdidas por 4.600 millones de dólares a inversores de todo el mundo. La criptomoneda, promovida por Milei antes de asumir la Presidencia, generó expectativas entre sus seguidores, pero terminó siendo un fraude masivo.

Mientras la UTI avanza con su trabajo, distintos sectores cuestionan la falta de independencia de la investigación. «El gobierno se investiga a sí mismo y encima pone a una funcionaria de confianza al frente de la comisión. No hay ninguna garantía de que la verdad salga a la luz», advirtieron desde la oposición. Sin embargo, desde el oficialismo defienden la medida y aseguran que el objetivo es «aportar claridad» al caso.

Con un esquema que genera dudas sobre la imparcialidad de la pesquisa y sin acceso público a los datos obtenidos, la investigación de la UTI se encamina a ser uno de los temas más controvertidos del Gobierno en los próximos meses.

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