Qué significa el acuerdo de Massa con el Fondo

Tras varios meses de negociación, se anunciaron los términos y condiciones del –hasta el momento- Staff Level Agreement entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Como señala el comunicado del propio FMI, “el acuerdo está sujeto a la implementación de las políticas acordadas y a la aprobación de la dirección ejecutiva del FMI, que se espera para la segunda mitad de agosto”.

Este acuerdo se da en el marco de la quinta (y sexta) revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas -firmado en marzo de 2022- para la refinanciación del acuerdo Stand-By de Mauricio Macri. Bajo este acuerdo, Argentina se somete a diez revisiones trimestrales de cuyo cumplimiento dependen los desembolsos correspondientes. En particular, la quinta y sexta revisión corresponden al primer y segundo trimestre de 2023, respectivamente.

Se trata de dos trimestres en los que se vio fuertemente reflejado el impacto de la sequía que azotó a la Argentina durante este año. Esto se vio fundamentalmente a través de la caída en los ingresos tributarios vía caída en la recaudación por las retenciones y la pérdida de alrededor de 20 mil millones de dólares de exportaciones –según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario-, que dificultó (aún más) la acumulación de reservas.

Según el informe fiscal del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los ingresos totales llegaron a registrar una caída real interanual de 21,4% en marzo, 17,7% en abril, morigerándose a 4,4% en mayo. En particular, los derechos de exportación (“retenciones”) registraron un desplome interanual del 84%, 68% y 45% en términos reales en marzo, abril y mayo, respectivamente. Así, la caída registrada en los ingresos totales no alcanzó a compensar la reducción del gasto y, producto de esta dinámica, el déficit fiscal fue mayor a los objetivos establecidos por el FMI.

Frente a este escenario, Argentina incumplió las metas de déficit fiscal y acumulación de reservas en ambos trimestres –sumando el incumplimiento de la meta monetaria para el segundo trimestre-.
En ese marco comenzaron las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para la aprobación de la quinta y sexta revisión en conjunto. El principal desafío era (es) el reconocimiento por parte del organismo del impacto de este shock (sequía) en la situación económica de nuestro país y en la (im)posibilidad de cumplir metas que fueron pactadas previamente.

Según el propio FMI, “desde la finalización de la cuarta revisión, la situación económica de Argentina se ha vuelto muy difícil debido al impacto -mayor de lo previsto- de la sequía, que tuvo un impacto significativo en las exportaciones y los ingresos fiscales”, señalando que “las discusiones se centraron en alcanzar un acuerdo sobre un paquete de políticas para reconstruir las reservas y mejorar el orden fiscal”.
El acuerdo se centra en cuatro ejes principales: la política monetaria, la política fiscal, la estrategia financiera y las reservas.

En cuanto a la política monetaria, el organismo hace referencia a las medidas anunciadas la semana pasada “para fomentar la liquidación de exportaciones y contener las importaciones en el corto plazo” y, al mantenimiento de la tasa de interés real positiva “para sostener la demanda de pesos y hacer frente a la elevada inflación”.

Por otra parte, la meta de déficit fiscal se mantiene igual (1,9% del PBI), señalando que “el cumplimiento del objetivo requiere un mayor endurecimiento de la política fiscal en el segundo semestre de este año, respaldado por una serie de medidas acordadas en materia de ingresos y gastos, al tiempo que se protegen las infraestructuras y los programas sociales prioritarios”.

Así, por el lado de los ingresos, argumentan que “los nuevos impuestos sobre el acceso a las divisas de los bienes y servicios importados y las nuevas medidas para movilizar la liquidación de las exportaciones ayudarán a compensar los menores derechos de exportación resultantes de la sequía”. En tanto que, por el lado de los gastos, hacen alusión los “esfuerzos necesarios” para la “contención de la masa salarial”, la actualización de tarifas energéticas y el “control del gasto mediante una asistencia social mejor orientada y una mayor racionalización de las transferencias corrientes a las provincias y a las empresas estatales”. La inflexibilidad del organismo en relación al cumplimiento de la meta de déficit fiscal en este contexto es uno de los puntos más llamativos del anuncio.

En cuanto a la estrategia financiera –y en relación al eje anterior-, el comunicado indica que “la senda fiscal acordada no supone ninguna dependencia adicional de la financiación monetaria directa del déficit fiscal”, haciendo hincapié en que “los recientes y exitosos canjes voluntarios de deuda han reducido significativamente los riesgos de refinanciación y se espera que apoyen la movilización de financiación interna neta adicional durante el resto del año”.

Por último, la meta de acumulación de reservas en el Banco Central para este año se acordó en mil millones de dólares, modificándose en casi 7 mil millones de dólares. El comunicado señala que, “se espera que la acumulación de reservas se vea favorecida por las mejoras en la balanza energética (resultantes de la finalización de la primera fase del gasoducto) y por la esperada recuperación de la sequía a partir de la última parte de este año”.

Es interesante la mención por parte del organismo en relación a la finalización del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, considerando las recientes declaraciones del Ministro de Economía Sergio Massa donde señalaba que “el Fondo, en la proyección de gasto para este año decía ´no pongan el gasoducto en el primer semestre´, porque el gasoducto puede esperar, pero ustedes tienen que cumplir con la meta fiscal”.

De esta manera, una vez finalizadas la quinta y sexta revisión, Argentina tendrá acceso a unos 7.500 millones de dólares para hacer frente a la segunda etapa del año. Asimismo, la próxima revisión será en noviembre, quedando despejado el calendario electoral de las tensiones propias de una negociación producto de un préstamo –contraído en 2018- que puso a la Argentina en un lugar de enorme dependencia y condicionamiento.

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