Un relevamiento territorial realizado este mes por organizaciones sociales, en articulación con la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, encontró 1.483 personas mayores de 18 años durmiendo en el espacio público dentro de los seis barrios que integran la Comuna 1 de la Ciudad de Buenos Aires: Monserrat, San Nicolás, San Telmo, Puerto Madero, Retiro y Constitución. Se trata de personas que no acceden a viviendas, pensiones ni a los Centros de Inclusión Social (CIS) del Gobierno porteño. La cifra supera por más de 200 personas el total que el Ejecutivo local reconoce oficialmente en toda la ciudad.
En efecto, el último relevamiento del Instituto de Estadísticas y Censos del Gobierno porteño, realizado en noviembre de 2024, había contado apenas 1.236 personas en situación de calle en las 15 comunas. El contraste es tan grande que deja al descubierto una maniobra evidente de subregistro del gobierno de Jorge Macri: hay más personas sin techo en una sola comuna que las que reconoce la Ciudad entera.
El operativo, llamado Contar la calle, se llevó adelante el 8 de mayo, durante un solo día, bajo modalidad simultánea y con un despliegue de 250 personas distribuidas en duplas. Se recorrieron a pie veredas, plazas, estaciones, cajeros, locales y bajo autopistas, realizando 216 recorridos en tres turnos. De las 1.483 personas detectadas, 730 aceptaron responder encuestas que permitieron conocer su situación en detalle.
Entre los datos más alarmantes, el informe destaca que el 80% de las personas encuestadas sufrió violencia institucional. Además, 7 de cada 10 no duermen en paradores, y la mitad de quienes sí lo hicieron en los últimos seis meses dijeron haber tenido una experiencia mala o muy mala. La mayoría vive en la Ciudad desde hace más de una década, y el 23% está en situación de calle desde hace más de 10 años.
El relevamiento fue organizado por una decena de organizaciones sociales como Abrigar Derechos, No Tan Distintes, AMMAR-Casa Roja, Misión Solidaria, Isauro Arancibia, entre otras, con participación directa de las personas en situación de calle. A diferencia del relevamiento oficial del GCBA —realizado sin informar a las organizaciones ni a los propios afectados—, este censo fue construido de forma participativa, horizontal y con enfoque territorial.
El informe apunta a visibilizar una realidad que el Gobierno porteño busca ocultar, y a exigir el cumplimiento de la Ley N.º 3706, que garantiza derechos y asistencia para personas en situación de calle o en riesgo de estarlo. En un contexto de crisis social, con creciente deterioro económico, negar el aumento de la población sin techo no solo es falso: es criminal.
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