Los legisladores nacionales de la Unión Cívica Radical llevaron al Gobierno Nacional su propio proyecto de reforma laboral para que se incorpore a la nueva versión de la Ley Ómnibus. El texto es prácticamente un espejo del ya publicado en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del presidente Javier Milei, y que suspendió la Justicia del Trabajo.
La propuesta de la UCR prevé más beneficios para los sectores empresarios y menos derechos para los trabajadores. Por ejemplo, la reducción de la carga fiscal sobre el empleo y la simplificación del registro laboral.
También proponen extender el periodo de prueba por seis meses sin derechos a indemnización; eliminar el actual sistema de indemnizaciones y reemplazarlo por un fondo de desempleo; y eliminar los aportes sindicales, entre otros.
El jefe del bloque de diputados de la UCR, Rodrigo de Loredo, fue quien tomó la iniciativa para llevar la propuesta a Casa Rosada. La misma postura tomó el PRO frente a la reforma laboral, como así también el interbloque de Hacemos Coalición Federal.
La reforma laboral de la UCR tiene 44 artículos. “El mercado laboral presenta actualmente enormes desafíos: alta tasa de informalidad laboral, desempleo, precarización laboral, y pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Por ello, es necesario actualizar el marco normativo para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y el desarrollo económico del país”, sostienen.
El texto se base en ocho puntos en los cuales los empresarios serían los grandes beneficiarios. Por ejemplo, reducir las indemnizaciones patronales: en el capítulo “Reducción de la litigiosidad” sostiene la “derogación de artículos y leyes que complejizan el marco laboral actual y fomentan la litigiosidad, incluyendo aspectos de la ley N° 24.013, ley N° 25.013, ley N° 25.323, entre otras, y reducción sustancial de las multas”. Y continua: “Esta medida tiene como objetivo reducir la litigiosidad y disminuir la incertidumbre sobre los costos de contratación y despido que produce la determinación en juicio de la indemnización”. Lo que a su juicio «favorece a los mercaderes de la industria del juicio”.
En tanto, el texto va contra el derecho a huelga argumentando a “la Educación como servicio estratégico esencial”. Así, buscan “establecer la educación en los ciclos de escolaridad obligatoria como un derecho humano fundamental, limitando los conflictos colectivos de trabajo que pongan en riesgo este derecho”.
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