La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que ubica a la trata transatlántica de personas esclavizadas y a la esclavitud racializada como “el crimen de lesa humanidad más grave” del que se tenga registro. La votación dejó un dato político fuerte: Argentina se ubicó entre los únicos tres países que rechazaron el texto, junto a Estados Unidos e Israel.
El posicionamiento del Gobierno nacional no aparece como un gesto aislado ni técnico. En los hechos, implica desconocer el carácter estructural de uno de los sistemas de explotación más brutales de la historia y desentenderse de un consenso internacional que apunta a reconocer sus consecuencias actuales. Mientras más de un centenar de países respaldaron la iniciativa, la administración de Javier Milei eligió correrse hacia un bloque minoritario que históricamente resistió debates sobre reparación y responsabilidades estatales.
La resolución, impulsada por países africanos, caribeños y latinoamericanos, plantea que este sistema operó durante más de cuatro siglos y que sus efectos siguen organizando desigualdades en todo el mundo. También establece que se trata de un delito que no prescribe, lo que abre la puerta a discusiones sobre justicia reparadora. Frente a ese escenario, el voto argentino no solo rechaza el contenido del texto, sino también la posibilidad de avanzar en esos debates.
El documento se aprobó en el marco de los 25 años de la Declaración de Durban y describe a la esclavitud de africanos como “la injusticia más inhumana y duradera contra la humanidad”, señalando su escala global, su persistencia histórica y su impacto estructural en la organización del trabajo, la propiedad y el capital.
#URGENTE | Sólo Argentina, junto con Estados Unidos e Israel votaron en contra 🚩
— Deuda Prometida (@DeudaPrometida) March 25, 2026
‼️ La ONU acaba de declarar a la trata de esclavos como el crimen de lesa humanidad más grave de la historia. pic.twitter.com/8tlHlIMTNk
Un sistema sin antecedentes
El texto remarca que este esquema de dominación introdujo una lógica inédita: convirtió a las personas y a sus descendientes en bienes transferibles y permanentes. En esa línea, sostiene que fue “el primer régimen mundial que codificó a los seres humanos y a sus descendientes como propiedad hereditaria, enajenable y perpetua”.
También reconstruye el andamiaje legal que sostuvo ese modelo. Desde las bulas papales del siglo XV que habilitaron la esclavización de africanos, hasta normativas coloniales como el Código de Barbados o el Código Negro francés, que definían a las personas esclavizadas como mercancía. A eso se sumó el principio jurídico partus sequitur ventrem, que fijó la transmisión hereditaria de la esclavitud a través de las madres.
Reparación y responsabilidades
Uno de los ejes centrales del pronunciamiento apunta a la imprescriptibilidad de estos delitos. La Asamblea reafirma que “los delitos relacionados con la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos no están sujetos a prescripción”.
En ese punto, el contraste con la postura argentina se vuelve más evidente: mientras la resolución propone discutir mecanismos de reparación, el voto negativo evita incluso abrir esa agenda. El texto subraya la obligación de los Estados de reparar los daños generados y plantea medidas concretas como disculpas formales, compensaciones económicas, políticas de restitución y garantías de no repetición.
Violencia de género y resistencias
La resolución pone el foco en el impacto diferencial sobre mujeres y niñas africanas, sometidas a abusos sistemáticos, explotación doméstica y reproducción forzada. En ese punto, denuncia que el principio de transmisión hereditaria de la esclavitud implicó una vulneración directa de sus derechos reproductivos.
Al mismo tiempo, el documento recupera las múltiples formas de resistencia que se desplegaron desde los inicios del sistema esclavista. Menciona tanto rebeliones como estrategias diplomáticas y acciones judiciales impulsadas por personas africanas y afrodescendientes en defensa de su dignidad.
Educación, memoria y restitución
El texto también solicita al secretario general de la ONU que refuerce políticas de investigación, educación y conmemoración vinculadas a la esclavitud. A la par, insta a los países a promover contenidos educativos y a sostener iniciativas de memoria histórica.
Entre las medidas concretas, incluye el pedido de devolución de bienes culturales a sus territorios de origen. La resolución reclama “la restitución inmediata, sin trabas y sin costo alguno de los bienes culturales, objetos de arte, monumentos, piezas de museo, artefactos, manuscritos y documentos”.
La decisión se inscribe en el Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2025-2034) y se da en la antesala del centenario de la convención internacional que buscó erradicar la esclavitud en 1926. En ese contexto, el voto argentino no solo se desmarca de una mayoría abrumadora, sino que también evita asumir una discusión global que apunta a revisar las consecuencias actuales de uno de los procesos más violentos de la historia.
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