El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmará hoy un decreto con una serie de medidas para proteger al aborto. La medida se da tras la decisión tomada a finales de junio por la Corte Suprema de anular el fallo que garantizaba el derecho en todo el país.
El decreto insta al Departamento de Salud a tomar acciones para garantizar el acceso a los anticonceptivos y píldoras abortivas. Además, busca aumentar la protección de los médicos que realizan estas prácticas, según informó la Casa Blanca.
El texto prevé también proteger a las clínicas móviles que realizan procedimientos para interrumpir el embarazo en las fronteras de los estados donde se prohíbe esa práctica y proteger la confidencialidad en internet de las mujeres que elijan hacérselo.
Según un comunicado de la Casa Blanca, el objetivo del decreto es «proteger la información de salud sensible» y «combatir la vigilancia digital» relacionada con el aborto. Asimismo, se propone organizar una red de abogados voluntarios para garantizar que las mujeres puedan viajar dentro del país si deciden abortar sin ser molestadas por la justicia si viven en un estado que prohíbe la práctica.
El fallo de la Corte
Desde que la Suprema Corte de Justicia anuló el 24 de junio pasado el fallo Roe vs. Wade que en 1973 garantizó el derecho al aborto a nivel federal. Siete estados ya prohibieron el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y se espera que muchos más sigan ese camino.
Ese mismo día, Biden calificó al fallo de «trágico error» y anunció medidas regulatorias sobre el acceso a las píldoras abortivas y sobre el derecho de las mujeres a viajar a otros estados si desean abortar. Sin embargo, desde entonces, el demócrata había guardado silencio sobre el tema, concitando críticas cada vez más virulentas de su propio Partido Demócrata, consignó la agencia de noticias AFP.
Con la medida de hoy intentará responder a esas objeciones, empezando por la promesa de «proteger la información sanitaria sensible» y «combatir la vigilancia digital», según la nota de prensa del ejecutivo estadounidense.
Numerosos activistas advierten sobre los peligros vinculados a los datos en línea, como la geolocalización o la información recopilada por las aplicaciones para monitorear los ciclos menstruales, que podrían explotarse para enjuiciar a las mujeres que hayan abortado.
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