15 de abril de 2024

Tierra del Fuego: denuncian a concejal por extorsiones

Una cooperativista denunció penalmente al concejal y convencional Javier Branca y a su asesor, Maximiliano Rijo. Los alineados al Partido de la Ciudad, en Ushuaia, Tierra del Fuego, son acusados de extorsión y amenazas.

El titular del Juzgado de Instrucción 3 del Distrito Judicial Sur Federico Vidal aceptó como querellante a Yanira Martínez Ortíz, quien realizó la denuncia. La presentación data del 16 de junio y mereció de parte de la Fiscalía la elevación del requerimiento de instrucción. El auxiliar de la Justicia ordenó “realizar todas las pruebas sugeridas por la denunciante”, en el mismo día. En ese marco, el juez aceptó la causa, y citó a ratificar la denuncia a Martínez Ortíz el pasado 21 de junio, informó Diario Prensa.

Yanira Martínez Ortíz era miembro de las cooperativas de viviendas “Nuestro Techo” y “Mujeres Cooperativistas” hasta que, según declaró, fue «presionada y obligada a renunciar por el concejal Javier Branca, bajo la amenaza de hacer circular un material que decía presuntamente tener, para destruir mi relación de pareja y mi familia».

El hostigamiento denunciado por Ortiz se habría producido luego de que ésta marchara junto a otras mujeres del movimiento cooperativista y feminista, bajo la consigna «Ni una menos».

«Estos mensajes mafiosos tienen que acabarse como practicas dentro de la política, porque lastiman la democracia y la participación de las mujeres en los lugares de toma de decisiones», advirtió la concejala fueguina Laura Ávila.

Desde la Red de Parlamentarias Fueguinas y Mujeres Gobernando expresaron su total acompañamiento a Martínez y su familia. «Las amenazas y extorsiones son modalidades mafiosas que lastiman a la política y, en particular, a la participación de las mujeres en la política. Repudiamos rotundamente este tipo de prácticas que se denuncian en el proceso penal que investiga a un representante electo», esgrimieron en un comunicado.

La modificación de la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres define a la violencia política como “aquella que, fundada en razones de género, mediando intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y/o amenazas, impida o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, atentando contra la normativa vigente en materia de representación política de las mujeres, y/o desalentando o menoscabando el ejercicio político o la actividad política de las mujeres, pudiendo ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política, tales como instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales, medios de comunicación, entre otros”.

El comunicado de la Red de Parlamentarias Fueguinas

Es muy claro que estas prácticas constituyen violencia política, es de suma importancia que la justicia investigue a fondo y arbitre los medios necesarios para que estas conductas cesen.

Las mujeres vinimos a la política para que cambien estas prácticas de una vez por todas y para construir una sociedad libre de violencias, en donde todos y todas podamos ejercer libremente nuestros derechos.

No podemos permitir que este tipo de accionar sea moneda corriente, o naturalizar el hecho de que se quiera poner límite a nuestra participación política.

Las conductas violentas y machistas son completamente repudiables. Es necesario terminar con la impunidad de los violentos, para que ninguna otra mujer vuelva a ser víctima del maltrato, las amenazas y el hostigamiento que promueve.

Por eso reafirmamos que Yanira no está sola, desde la Red de Parlamentarias Fueguinas y Mujeres Gobernando estamos con ella en la búsqueda de justicia, para que la política fueguina esté libre de violencia política hacia las mujeres y podamos vivir en una sociedad más igualitaria y con más derechos.

Sobre la mención de los resultados en los comicios de mayo, ocasión en la que denunciante y denunciado fueron candidatos a convencionales constituyentes, una por la lista “Más Ushuaia” y el otro, por “Sí Ushuaia”, Yanira expresó que “Branca me dijo que las preferencias que obtuve en mi candidatura a convencional se debían a haberme apropiado de votos que él consideraba propios y que con estas acciones había superado todos los límites admisible, que tenía material mío personal que comprometía mi reputacion y que estaba dispuesto a jugar esa carta si yo no daba un paso al costado de los espacios de militancia social y cooperativa que teníamos en común”.

La impulsora de la denuncia afirmó también sobre el concejal que “intentó persuadirme y amedrentarme insistiendo en todo momento en que era mejor dar un paso al costado. Me aconsejaba que disfrutara de mi familia, que no perdiera tiempo en todo esto, que soltara… Que todo esto era inconveniente a mis intereses y que no dedicara mi tiempo a la politica y a la militancia social y cooperativa”.

Las imputaciones se tornan más graves aún cuando Yanira Martínez Ortíz deja entrever que el edil pudo ser autor de un atentado contra su integridad física y la de su familia: “Al circular en mi auto el día 8 de junio último, escuché unos ruidos extraños. Estábamos próximos a realizar el service regular del vehiculo y conversamos con mi esposo del ruido que habíamos escuchado. Al otro día, en un encuentro social le comentamos a una persona de nuestra confianza que trabaja como mecánico, del ruido que habíamos detectado. Lo revisó y nos dijo que faltaba un tornillo de la rueda delantera derecha y que los otros tres estaban flojos. Nos dijo también que debido al sistema de ajuste de rosca de esas piezas lo que ocurrió se debió a una maniobra humana y no a un evento relacionado con el andar o uso regular del vehículo. En ese momento el miedo empezó a tomar forma concreta. El temor se hizo palpable. Ahí tomé conciencia que de no haber sido advertida por el mecánico podría haber ocurrido un accidente que afectara a mi grupo familiar y a mí. Esa misma noche accedí a entregar la documentación de las cooperativas por sentirme bajo extorsión”.

Finalmente, la denunciante destaca que ante el accionar del edil y de su asesor se sintió “aturdida, asustada, paralizada, amenazada y extorsionada. Estaban vulnerando mi voluntad y ejerciendo violencia explícita y solapada en un modo brutal. Esta es además una persecución por mi condición de mujer”.

Con respecto a Maximiliano Rijo la mujer lo acusa de haber oficiado de intermediario de las acciones investigadas.Mientras tantoEl fiscal Nicolás Arias, luego de recibir a la denunciante y a las dos abogadas que llevan adelante su caso, mientras se sustancia el expediente judicial iniciado, ordenó la realización de una pericia psicológica “con perspectiva de género” al concejal Javier Branca y le prohibió, mediante una perimetral, que el edil se le acerque a ella y a su grupo familiar.

About Author

Categorías