En un nuevo capítulo del conflicto con el Gobierno, trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan confirmaron un paro de 48 horas que comenzará este martes y se extenderá hasta el miércoles. La medida incluirá una movilización hacia el Congreso de la Nación, donde se realizará una audiencia en la Secretaría de Trabajo.
La protesta se da en un clima de tensión, luego de que el Ejecutivo intentara cerrar el conflicto con un bono dirigido exclusivamente a residentes, mientras que el grueso del personal de planta —más del 90% del total— sigue sin recibir ninguna propuesta de mejora salarial.
Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE del hospital, expresó que la estrategia del Gobierno fracasó: “El gobierno pretendió cerrar el conflicto con su extorsión a residentes, que suspendieron sus medidas tras la gravísima amenaza de despidos. Lejos de aplacar los ánimos, el conflicto escaló: los paros del personal de planta, que somos más del 90% de trabajadores que hacemos funcionar al hospital, fueron enormes la semana que pasó y vamos a 48 horas esta semana”.
Además del reclamo económico, el personal del Garrahan denunció una serie de amenazas dirigidas a los médicos residentes. Según afirmaron, estos profesionales decidieron suspender sus medidas de fuerza ante el riesgo de perder su trabajo.
Carolina Goedelman, jefa de clínica en el área de Hematología del Laboratorio Central, detalló en declaraciones radiales: “Primero llegó un aviso a los jefes de que iban a contratar médicos pediatras para reemplazar a estos residentes”. Y agregó: “Después, a la tarde, les llegaron a los residentes telegramas, avisando de que si no se levantaban las medidas de fuerza se iban a aplicar sanciones que podían incluir los despidos”.
Goedelman explicó que los telegramas no sólo estaban preparados, sino que también fueron utilizados como herramienta de presión: “Verbalmente se les dijo que estaban los telegramas de despido escritos y que si no se levantaban las medidas se iban a enviar. Así que los residentes levantaron la medida. Los amenazaron».
En este escenario, las críticas al manejo del conflicto se multiplican. Desde el sector profesional denuncian que la última audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo, en el marco de la conciliación obligatoria, no trajo ningún tipo de avance. “Fue gente que no tenía capacidad de decisión sobre el presupuesto. No nos ofrecieron absolutamente nada. Nos volvimos con las manos vacías”, aseguró Goedelman.
La médica también advirtió que, si no hay un cambio de rumbo, el hospital podría enfrentar una fuga de profesionales. “Tenemos gente, hoy por hoy, gobernándonos, que están en esas posiciones sin demasiada capacitación, ni formación, ni nada. Solamente porque tienen buena participación en redes», sentenció.
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