Defensa de los Derechos Humanos: el Gobierno ejecutó solo el 5% del presupuesto

El programa de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia, tiene un presupuesto de $ 27.140 millones para este año. De ese presupuesto lleva devengados $ 1.389 millones, el 5% del total en el primer trimestre de 2026.

Dentro de este programa existen tres actividades principales: la específicamente dedicada a la promoción de los derechos humanos (con un total de $ 21.338 millones asignados y el 3,7% de esos recursos devengados), la de promoción para la defensa de los derechos fundamentales el trato igualitario (con $ 277 millones devengados de los $ 3.183 millones disponibles) y la de promoción de políticas de igualdad y no discriminación (con $ 2.619 millones y $ 316 millones devengados). De estas tres acciones, la que menor presupuesto ejecutado es precisamente la primera.

Pero, ¿a qué se dedica este programa? Según describe el mismo proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo al Congreso, su funcionamiento contempla “las acciones destinadas a implementar y monitorear políticas públicas para garantizar la promoción y defensa de los derechos humanos a los habitantes de todo el territorio nacional a fin de consolidar el sistema democrático y federal”.

El presupuesto describe, a continuación, cuáles son sus principales tareas:

• Promover, proteger y garantizar el derecho a la igualdad y elaborar políticas públicas en la materia de su competencia.
• Ejercer la representación del Estado Nacional ante los Organismos Internacionales de Derechos Humanos mediante la participación en foros internacionales.
• Dar respuesta a los asuntos y requerimientos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos conforme los compromisos asumidos por nuestro país.
• Intervenir en toda cuestión jurídica en la que puedan verse afectados los derechos humanos, incluyendo las cuestiones referidas a refugiados o solicitantes de asilo, personas en situación de vulnerabilidad o de aplicación del derecho internacional humanitario.
• Desarrollar acciones tendientes al cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención y erradicación de la violencia y la discriminación.
• Efectuar y ampliar convenios con organismos nacionales, internacionales, universidades públicas y/o privadas, a fin de ejecutar proyectos de investigación y colaboración relativos a los derechos humanos en los ámbitos sociales, colectivos e individuales de toda la población, con el objeto de elaborar informes al respecto y brindar servicios a la comunidad.
• Brindar información a las personas físicas y jurídicas con interés legítimo, sobre los registros obrantes en nuestros archivos, interviniendo como organismo de ejecución en la tramitación de las políticas reparatorias.
• Fortalecer el equipo de asistencia y acompañamiento a víctimas de violencia institucional, reconociendo esta problemática, y ejecutar programas de formación en derechos humanos para las fuerzas de seguridad.

Si se leen punto por punto estas acciones y se considera que la Argentina ha votado en contra de muchas de las declaraciones internacionales que protegen a pueblos originarios o reconocen el daño que ha causado la esclavitud, se entiende fácilmente que no son prioritarios. Un informe de Aministía Internacional lo señala de esta manera: “El proyecto de país que se está consolidando asume que los derechos humanos son un lujo, una carga, o incluso un enemigo ideológico. La consecuencia es un país más desigual, más silencioso, más inseguro para quienes alzan la voz y más hostil para quienes históricamente fueron relegados”.

El análisis de Aministía

El documento citado, que analiza los dos primeros años de la gestión, explica que el ajuste no se realizó de manera uniforme: “Mientras que las áreas con impacto directo en la realización de derechos humanos sufrieron recortes drásticos, las partidas destinadas a seguridad, inteligencia y funciones coercitivas del Estado evidenciaron incrementos reales o reducciones sustancialmente menores”. Este comportamiento, agregan, “revela una reconfiguración del Estado, que prioriza el fortalecimiento de la capacidad policial, represiva y de control por sobre sus obligaciones de protección social y garantía de derechos”.

La poca prioridad que se le dio a la promoción de los derechos humanos no se limita al ámbito local, advierten. “Argentina declinó a último momento su candidatura a integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para 2026-2028, una conducta de desprecio por los sistemas de protección”. En este sentido desde Amnistía recuerdan que el país integró el Consejo de Derechos Humanos desde su creación, en 2006, con lo que esto también implica un cambio en la política exterior.

“En este tren de quebrar tradiciones de política exterior, en 2025 decidió declinar su candidatura y así renunciar a ser parte de los 47 Estados que integran el Consejo, con posibilidad de participación activa y votación en cuestiones que hacen a los intereses en derechos humanos del mundo”. El documento concluye que actualmente la Argentina enfrenta un deterioro acelerado y multidimensional de los derechos humanos, “producto de un proyecto político que redefine las funciones del Estado y resigna responsabilidades esenciales frente a la sociedad”. Ese retroceso, aseguran, no es un accidente: “es el resultado de un modelo de gobierno que concibe a las personas como costo, a los derechos como obstáculos y a la crítica como una amenaza”.