Argentina denunció ante las Naciones Unidas la «pérdida de legitimidad del Poder Judicial«, a partir de la práctica del ‘lawfare‘ o guerra jurídica. Por esto, pidió el «acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos (de la ONU) en el impulso de iniciativas y reformas normativas que procuran fortalecer la independencia judicial, la legitimidad del servicio de Justicia y, en definitiva, el Estado de Derecho» en el país.
Así fue expresado ante el Consejo de Derechos Humanos de la organización multilateral, en Ginebra, Suiza, por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, al presentar el Examen Periódico Universal, una instancia en la que cada nación repasa la implementación de los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos. «Un sector importante de la oposición política y del poder económico y mediático, que 40 años atrás recurría a los golpes de Estado militares, hoy utiliza el derecho penal para condicionar procesos políticos y definir la agenda política y la opinión pública«, planteó en su exposición ante el organismo.
Más tarde, en diálogo con Télam desde Ginebra, Pietragalla Corti resaltó que la posición argentina recibió «recomendaciones y devoluciones de un total de 107 países». Aseguró que, en ese intercambio, «prevalecieron los elogios a las políticas de derechos humanos del país».
El funcionario consideró «audaz» que la Argentina haya llevado a la ONU su denuncia contra su propio sistema de justicia y argumentó: «No es habitual que un país denuncie a uno de sus poderes del Estado, pero también es atípico lo que está sucediendo, en cuanto a que hay un Poder Judicial que está condicionando a los otros y viola claramente las garantías constitucionales».
«Argentina debe apelar a las herramientas internacionales para alertar sobre lo que se está viviendo: persiste una mirada persecutoria de la justicia hacia dirigentes del oficialismo y hay un sector político y económico que avala la mafia judicial, con la que comparte intereses», declaró a esta agencia. Por esa razón, señaló Pietragalla Corti, «el Poder Judicial argentino y la oposición se defienden corporativamente» y, como ejemplo, mencionó que los principales dirigentes de la oposición «son favorecidos sistemáticamente por los miembros del Corte Suprema».
En su discurso ante el Consejo, el funcionario expresó: «El ‘lawfare’ es una práctica violatoria de derechos humanos, en primer lugar, en tanto avasalla derechos fundamentales de las víctimas directas que son objeto de su accionar. El único fin que impulsa esas prácticas es eliminar al adversario. Por eso siempre las víctimas resultan ser dirigentes sociales o políticos que se enfrentan a los poderes fácticos, sean políticos, económicos o mediáticos». «Esas malas prácticas judiciales que acallan voces críticas, favorecen la imposición de políticas regresivas en materia de derechos humanos (especialmente de derechos económicos, sociales y culturales), que tienen un impacto evidentemente negativo en la sociedad como conjunto», agregó.
Además, advirtió que «esta manipulación del derecho penal recurre a la prisión preventiva como pena anticipada, vulnera de manera sistemática la presunción de inocencia, consagra el derecho penal de autor en lugar del derecho penal de acto, abusa de las denuncias anónimas y alienta la ‘delación premiada’ para iniciar procesos sin sustento». Por todo esto, Argentina pidió «el acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos en el impulso de las iniciativas y reformas normativas que procuran fortalecer la independencia judicial, la legitimidad del servicio de Justicia y, en definitiva, el Estado de Derecho en nuestro país».
También, en una larga exposición sobre todas las políticas públicas en materia de derechos humanos impulsadas en los últimos tres años por el Gobierno, Pietragalla Corti marcó como uno de los «desafíos más importantes» de la Argentina poder hacer frente al «brutal endeudamiento con el FMI» acordado por el anterior gobierno de Mauricio Macri y la proliferación de los «discursos de odio, agravados por el intento de magnicidio de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner«, meses atrás. Argentina, en la voz de Pietragalla Corti, ratificó una vez más que la defensa de los derechos humanos «es la columna vertebral» de la gestión del Gobierno, enfocada en priorizar a los «grupos más vulnerables».
La presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU -integrada por 47 países pero con algo más de un centenar de participantes- se realiza cada cuatro años y apunta a que los Estados declaren «qué acciones tomaron para mejorar la situación de los derechos humanos en sus países y cumplir con sus obligaciones» en ese aspecto.
De acuerdo con el portal de la ONU, el «objetivo final» de este mecanismo universal (único en su tipo) es «mejorar la situación de los derechos humanos en todos los países y abordar las violaciones de los derechos humanos dondequiera que ocurran».
En su disertación, Pietragalla Corti pidió «abordar el debate necesario sobre los denominados discursos de odio y sus implicancias para la convivencia democrática». «Esta problemática se ha visto agravada debido a los terribles sucesos acaecidos en los últimos meses, que culminaron con el intento de magnicidio de la actual Vicepresidenta de la Nación, y dos veces Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner«, alertó y recordó que se trata de un «fenómeno» que excede las fronteras argentinas.
A modo de ejemplo, mencionó «el asalto a los tres poderes del Estado (de Brasil) por parte de grupos que responden al expresidente (Jair) Bolsonaro» y el «intento de atentado contra la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, de días atrás». Todo esto, dijo, «demanda ámbitos de reflexión y líneas de acción de la comunidad internacional, en tanto los discursos de odio y las embestidas destituyentes erosionan acuerdos básicos del sistema democrático y generan contextos complicados para garantizar la vigencia de los derechos humanos». Pietragalla Corti reseñó que esta situación ya fue reconocida por el Relator Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados en el 2019, cuando «advirtió que en el período de Gobierno 2015-2019 se dieron una serie de hechos que pusieron en crisis los preceptos y garantías constitucionales».
«El Estado federal también debe responder internacionalmente por la detención arbitraria sufrida por la dirigente social e indígena Milagro Sala en la provincia de Jujuy, amparada por una medida provisional dictada en 2017 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos», apuntó. Manifestó que, «lamentablemente, aunque el Gobierno Nacional cambió en diciembre de 2019, y terminó así la práctica de presión y avasallamiento a la independencia judicial por parte del Poder Ejecutivo Nacional, la persecución política en sede judicial se encuentra plenamente vigente, afectando los principios democráticos que hacen a la independencia e imparcialidad que deben regir el desempeño del Poder Judicial y el Ministerio Público».
«No es casual que los organismos de derechos humanos de mi país apoyen el pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; en tal sentido, la pérdida de credibilidad actual del Máximo Tribunal de Justicia de Argentina implica una inadmisible degradación del sistema institucional, que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes», concluyó el secretario de Derechos Humanos.
Fuente: Télam.
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