Argentina fue calificada en la categoría más alta en materia de esfuerzos para combatir la trata de personas junto a un grupo de 30 países sobre un total de 188. Nuestro país comparte esa clasificación en América Latina con Chile y Colombia, según el Informe Anual sobre Trata de Personas 2022 elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
El estudio presentado ayer por el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, reúne la información más completa sobre los esfuerzos gubernamentales de 188 países para combatir la trata y destaca las estrategias más relevantes para hacer frente a los tratantes y proteger y asistir a las víctimas. En base a informes locales, se clasifica a los países en cuatro niveles según los esfuerzos que realizan en materia de prevención, persecución, asistencia y protección a las víctimas.
En ese ranking, Argentina se ubicó nuevamente en el Nivel 1, la máxima categoría que comparte en América Latina con Chile y Colombia. «Que la Argentina sea destacada junto a un puñado de países como los que más esfuerzos realizan para luchar contra la esclavitud sexual y laboral nos llena de orgullo y honra nuestra tradición de defensa de los derechos humanos y la dignidad humana«, dijo el director ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, Gustavo Vera, en un comunicado.
En el capítulo del informe referido a nuestro país, se señala que «el Gobierno de Argentina cumple cabalmente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata«. Al mismo tiempo, destaca que se «continuó demostrando esfuerzos serios y sostenidos durante el período del informe, considerando el impacto de la pandemia de Covid-19 en su capacidad contra la trata».
Puntos destacados
Entre los puntos por los cuales Argentina permanece en el máximo nivel, se destacó la continuidad de los esfuerzos de enjuiciamiento y que la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) del Ministerio Público Fiscal abrió 175 investigaciones. En el desagregado, 101 son por trata sexual, 58 por trata laboral, 6 que involucran trata tanto sexual como laboral y 10 por explotación no especificada para otros delitos de explotación.
A su vez, el Gobierno condenó a 31 traficantes (24 traficantes sexuales y 7 traficantes laborales) y se asistió a un total de 1.434 víctimas. Allí se incluyen aquellas asistidas por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y otras entidades gubernamentales.
El relevamiento también subrayó las capacitaciones contra la trata de personas para fiscales, agentes del orden público y funcionarios judiciales en formato virtual y presencial. También se remarcó los acuerdos de cooperación específicos para el tráfico con otros gobiernos de la región.
«El trabajo del Estado argentino en materia de lucha contra la trata fue y es intenso. Y eso se refleja en las campañas de prevención, capacitaciones, denuncias, rescates, asistencias y condenas», explicó Vera. «Pero también en las 28 mesas interinstitucionales que coordinan y articulan en los distritos a los organismos provinciales, nacionales y judiciales, en las más de 60 ordenanzas de cupo laboral o en la difusión de la línea 145», subrayó.
Otra de las medidas resaltadas por el informe fue el programa piloto del Ministerio de Trabajo para alentar el reingreso de sobrevivientes de trata al mercado laboral. En ese sentido, 29 personas recibieron apoyo en la búsqueda de empleo y un estipendio mensual.
Por otro lado, se enfatizó la implementación del plan de acción nacional 2020-2022 para combatir la trata de personas. En total ya completó 67 de las 100 actividades específicas para luchar contra el tráfico.
«Nos proponemos consolidar y profundizar ese camino para que la Argentina siga siendo vanguardia en la lucha contra la esclavitud en cualquiera de sus formas«, concluyó Vera.
Sobre las recomendaciones que se proponen a la Argentina para el siguiente año se destacan los siguientes ítems: fortalecer los esfuerzos para investigar, procesar y condenar a los tratantes; mejorar la asistencia a las víctimas e incluir más refugios especializados y destinados a las víctimas masculinas.
También se resaltó la importancia de condenar a los tratantes a penas adecuadas; documentar y abordar la complicidad oficial en la trata de personas; y destinar financiación específica para implementar en su totalidad el plan de acción nacional.
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