La disputa judicial por el presupuesto de las universidades nacionales sumó un nuevo capítulo, en el que la Cámara Federal decidió suspender la medida cautelar que obligaba al Gobierno Nacional a actualizar el financiamiento universitario de acuerdo a la inflación acumulada. Fue luego de que el Ministerio de Capital Humano presentara un recurso extraordinario para elevar el caso a la Corte Suprema de Justicia.
La resolución de la Cámara deja en suspenso el fallo de primera instancia dictado originalmente por el juez Edgardo Lara Correa. Aquella sentencia inicial había hecho lugar al reclamo de las casas de estudio, ordenando al Ejecutivo garantizar el flujo de fondos necesario para el funcionamiento operativo y el pago de salarios, ante la licuación presupuestaria generada por el contexto inflacionario.
La decisión de los camaristas se fundamenta en los efectos propios del recurso extraordinario. Al ser concedida esta vía de apelación, la ejecución de la medida cautelar se interrumpe hasta que el máximo tribunal del país se pronuncie sobre el fondo de la cuestión.
Desde el Gobierno celebraron la suspensión, sosteniendo que la actualización forzosa de partidas afectaba la programación financiera y el objetivo de déficit cero. Por el contrario, desde los rectorados universitarios advierten que esta pausa judicial profundiza la incertidumbre económica y pone en riesgo la continuidad del segundo cuatrimestre, dado que los gastos de funcionamiento se encuentran desfasados respecto a los costos reales de los servicios y mantenimiento.
Con esta resolución, la pelota queda ahora en el campo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal deberá definir si convalida la obligación del Estado de actualizar el presupuesto universitario frente a la inflación o si, por el contrario, ratifica la potestad del Ejecutivo para administrar las partidas discrecionalmente en el marco de la prórroga presupuestaria vigente.
Mientras tanto, las universidades deberán operar con los montos actuales, sin la garantía de los refuerzos que la cautelar ahora suspendida buscaba asegurar. El próximo 12 de mayo habrá una multitudinaria marcha universitaria en reclamo por los fondos que el Gobierno se niega a otorgar.
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