Una nueva medida de fuerza sacude al sistema de salud de los jubilados: prestadores del PAMI llevan adelante un paro de 72 horas en todo el país en rechazo a los recortes impulsados por el Gobierno de Javier Milei y a una fuerte reducción en sus ingresos.
El conflicto se inscribe en un escenario de desfinanciamiento creciente. A la deuda acumulada con profesionales —estimada en unos $500 mil millones— se sumó una reciente decisión oficial que recorta cerca de la mitad de los honorarios por prestación. Este ajuste se combina con la eliminación de recursos clave, como los provenientes del Impuesto País, que representaban una porción significativa del presupuesto del organismo.
La protesta, impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), se extiende desde este lunes hasta el miércoles. Durante ese período, no habrá atención habitual y solo se mantendrán las guardias para urgencias, bajo criterio profesional.
El detonante inmediato fue la resolución 1107/2026, que modifica el esquema de ingresos de los médicos. Entre otros puntos, elimina la consulta presencial como fuente directa de cobro, incorpora más prestaciones dentro de un pago fijo y suprime incentivos vinculados a la formación profesional. Desde el sector denuncian que la medida se aplicó sin consulta previa y con carácter retroactivo.
La doctora Fernanda Scoccia, secretaria de género del gremio, precisó para Página/12: “Los médicos de cabecera cobrarán exactamente la mitad”.
Según detallan desde APPAMIA, los ingresos mensuales de los profesionales pasarían de $2.100.000 a $1.400.000, en un contexto donde los costos de funcionamiento de los consultorios siguen en alza. A eso se suma la exigencia de una dedicación completa, con consultas cada 20 minutos y validaciones administrativas que, muchas veces, se extienden fuera del horario laboral por fallas en el sistema.
“El resultado es claro: más trabajo, menos ingresos y menor reconocimiento al ejercicio médico, afectando de manera directa la sostenibilidad del consultorio y la calidad de atención», señalaron desde la organización.
El impacto también alcanza a otras especialidades. En el caso de los odontólogos, la situación es aún más crítica: perciben apenas $374 por paciente, con atrasos de varios meses en los pagos. “Un cartucho de anestesia vale mil y estás poniendo al servicio del paciente una aparatología de alta complejidad… Un consultorio odontológico cuesta millones de pesos. Entonces, se pierde la sustentabilidad del consultorio, los odontólogos no pueden comprar insumos para seguir trabajando», advirtió Scoccia.
“Así es imposible sostener la atención odontológica”, sentenció.
Desde el gremio remarcan que, hasta ahora, muchos profesionales sostenían la atención “poniendo de su bolsillo”, pero que ese esquema llegó a un límite. En paralelo, reclaman la derogación de la resolución, una recomposición urgente de los honorarios y la reincorporación de trabajadores desvinculados.
Como alternativa, APPAMIA propuso establecer un pago mínimo de $6.500 por paciente, al considerar que ese monto representa el piso necesario para garantizar la continuidad del servicio. “Sin retribuciones dignas, no hay salud de calidad”, sostuvieron.
Mientras tanto, el paro deja en evidencia una crisis profunda en la obra social más grande del país, con millones de jubilados afectados por un sistema que, según denuncian sus propios prestadores, ya no logra sostenerse en condiciones básicas.
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