La docencia: entre el ajuste y los falsos salvadores

Por Romina De Luca*

Desde que se inició el ciclo lectivo, entre fines de febrero e inicios de marzo, los sindicatos docentes de dieciocho provincias fueron al paro. En algunas jurisdicciones, la medida de fuerza excedió a la convocatoria de la CTERA sumando jornadas por 48 horas al 2 de marzo inicial. Dentro de los reclamos, a nivel nacional, se encontraba la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la recomposición salarial, la restitución del FONID y de los distintos programas de financiamiento nacional del sistema, el incremento del presupuesto educativo y la sanción de una nueva ley de financiamiento. También, el rechazo a la Ley de Libertad Educativa y las formas de mercantilización de la educación;se exigieron condiciones dignas de trabajo y estabilidad laboral -en un cuadro en el que la reforma laboral que implicará la posible nueva ley educativa acabará con ella.

Si bien la central docente llamó a seguir en las calles, por ahora, no hay ninguna perspectiva de continuidad en la lucha. Ni siquiera cuando el gobierno nacional convocó a una “paritaria” el mismo 2 de marzo solo para recordar que las provincias son las empleadoras de la docencia y era allí donde debían dirigir sus reclamos. El gobierno es coherente. Por un lado, con su accionar desde diciembre de 2023, esto es, la profundización del ajuste. En efecto, entre2023 y 2025, la inversión nacional en materia educativa cayó a la mitad y pasó del 1,43% del PBI a 0,73%. Si el presupuesto de 2026 prometía un magro aumento del 8% que llevaría la inversión nacional al 0,75%, la escalada inflacionaria que se acumula desde mayo de 2025 y continúa su marcha ascendente en enero de 2026 prometiendo consolidarse en febrero torna, por lo menos poco creíble, el optimismo que el gobierno buscó imprimirle a sus promesas de antaño.Sobre todo, con una caída de la inversión nacional acumulada desde 2023 de más del 76% en la educación básica y del 58% en infraestructura. En las prioridades de la agenda gubernamental, no hay plata ni para salarios ni para escuelas.  Tampoco interesa. Algo que también mostró el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso: dos menciones, un total de doce líneas en un discurso de más de una hora y 45minutos.

Este cuadro de ajuste resulta, también, afín con laestrategia nacional que prevé descentralizar aún más el sistema educativo derivando la mayor parte de las responsabilidades como empleadoras a cada una de las escuelas -claro, si la Ley de Libertad Educativa prospera. Más temprano que tarde, se ensayará una misma respuesta a la hora de hablar de salarios: reclamen a las familias por sus sueldos. El desarme de la organización sindical será total, lo que demuestra, una vez más, que la descentralización educativa cercena el poder de lucha docente, tal como señalamos hace muchos años.

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Sobran los motivos

Lo cierto es que en la coyuntura inmediata motivos para reclamar no faltaban. La caída salarial en la docencia es incontrastable. Tomemos los datos de la jurisdicción más grande del país: la provincia de Buenos Aires. Con la oferta salarial que el gobierno de Axel Kicillof realizó en 2026 y fue rechazada por los gremios, una maestra de grado que recién ingresa al sistema percibirá un salario de $ 762.200 con un cargo de jornadas simple, mientras que con jornada extendida el valor ascendería a $ 961.000; con jornada completa, el salario llega a $ 1.524.300. En lo que respecta al cargo testigo, no son muy distintos de los de la provincia de Mendoza, por dar un ejemplo. En general, la descentralización, que hace que el 75% del gasto educativo recaiga en las provincias, asegura que el poder adquisitivo real en cada territorio sea igualmente a la baja.

Es bueno recordar que, ATE-INDEC estima que la canasta de consumos mínimos para una familia tipo en el AMBA debería ascender a $ 2.213.476 siendo de $ 766.970 la canasta de consumos alimentarios mínimos. En septiembre de 2025, la provinciade Buenos Aires se ubicaba, por su valor nominal, en el puesto 18 en el ranking de salarios docentes, según estimó Alejandro Morduchowicz.[1] La provincia de Axel encuentra su justificación en los recortes de la coparticipación nacional y también en la caída propia de la recaudación, ambos fenómenos ciertos como emergentes. Sin embargo, no se trata de un fenómeno nuevo: el salario real de la docencia de la provincia cayó, en términos reales, 40% desde diciembre de 2021 también de acuerdo con Morduchowicz. Pero la historia del ajuste excede el último quinquenio y también el territorio bonaerense.

En efecto, como señalamos en otra oportunidad, entre 2015 y 2023, el gasto educativo cayó 7%.En un cuadro donde ya permanecía estancado desde 2011y solo en 2015, en un año electoral, subía, aspecto que amortiguaba ese 7% de caída. En 21 jurisdicciones, los salarios docentes en 2025 son más bajos que los de 2014 y la mayor pérdida, claro está, se acumula entre 2023 y 2025. La conclusión es más o menos clara: el gobierno nacional ajusta, pero las provincias también.

Comprender esto último nos permite entonces ubicar en contexto ciertos debates actuales. Encabezado por el ex Ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, se presentó en diputados un proyecto para declarar la emergencia salarial y el fortalecimiento del salario educativo utilizando Fondos de Aportes del Tesoro Nacional. La creación del fondo representaría $ 119.473 de aumento mensuales, entre marzo y diciembre de 2026. Un mal parche que reasigna recursos existentes y no sacará a la docencia de la pobreza. Incluso los propios aliados del gobierno presentaron propuestas propias corriendo al gobierno “por izquierda”. Fue el mismo Alfredo Cornejo quien planteó sus disidencias en el Consejo de Mayo y llevó la discusión al Consejo Federal de Educación. El proyecto proviene de uno de los gobernadores que más ajustó a los docentes en su provincia, creador del ítem aula -plus del 10% extra al presentismo.En principio, propone que se fije un piso presupuestario federal. No se propone un cálculo sobre el PBI, sino que el gasto de cada año no sea inferior a lo erogado el año anterior actualizado por el IPC y la masa salarial docente. Se trata, entonces, de una medida tan cosmética como la primera que consolidará, en el mejor de los casos, la caída salarial, presupuestaria y de gasto acumulada desde 2011. En el paquete aparecen otras iniciativas que también nacionalizarían medidas ya implementadas en Mendoza: ítem arraigo para evitar traslados de docentes, mejoras salariales ligadas a la formación continua, incentivos asociados a metas educativas, entre otros.

Posiblemente, el sindicalismo docente a nivel nacional juegue sus expectativas a la apuesta parlamentaria de Trotta. Esos mismos que guardaron silencio en esa larga pero sutil caída del gasto implementada por gobiernos afines. Esos que no advirtieron las políticas educativas que impulsaron la erosión de su propio instrumento de lucha, tales como la descentralización.En ese cuadro, la educación continuará su larga marcha de ajuste -con mayor o menor impulso- gestionando su crisis y apareciendo en escena cada inicio de ciclo escolar.

*Por Romina De Luca (Docente e investigadora, coordinadora del área de Educación del CEICS y militante de Vía Socialista).

[1] Alejandro Morduchowicz: “Para entender el conflicto salarial docente en PBA. (Pero también hay datos del resto del país.)” en: https://bit.ly/4soWwYC

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