En la Argentina actual, el ajuste no solo se percibe en el bolsillo: también se mide en tiempo. Con salarios que no alcanzan y un mercado laboral cada vez más reducido, las y los trabajadores suman horas para intentar sostener ingresos que pierden valor mes a mes. La escena se da mientras el oficialismo avanza con una reforma laboral que consolida prácticas ya instaladas en la vida cotidiana.
El trasfondo combina varios factores. Por un lado, el salario privado formal pierde alrededor de una quinta parte de su poder de compra en los últimos años. Por otro, el crecimiento económico no se traduce en empleo. Aunque el Indec informó una suba de la actividad del 4,4% durante 2025, la expansión se apoyó en sectores como el agro, la minería y la intermediación financiera, rubros que demandan poca mano de obra. En sentido inverso, la industria y la construcción —históricos generadores de empleo— continúan en retroceso y expulsan a más de 100.000 trabajadores desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
Con menos puestos formales disponibles y mayor precarización, el tiempo de trabajo se convirtió en la variable de ajuste. Según los últimos datos oficiales, la cantidad de horas semanales trabajadas alcanzó un máximo histórico. En comparación con 2024, el promedio subió 3,5 horas, lo que implica un incremento del 9%, impulsado principalmente por la ocupación principal. No se trata de una elección, sino de una respuesta obligada ante ingresos insuficientes.
Desde el Instituto Argentina Grande (IAG) describieron el fenómeno sin rodeos: “El aumento de la tasa de actividad, el aumento de las personas que buscan trabajar más horas y el aumento de las horas trabajadas indican lo mismo, un incremento de la demanda sobre el mercado laboral en un contexto donde los ingresos laborales caen lentamente y están en pisos históricos y el ingreso disponible es cada vez menor producto del aumento de las tarifas de servicios públicos”.
La pérdida de empleo registrado y el cierre de empresas profundizan este escenario. Desde diciembre de 2023 se destruyen más de 190.000 puestos privados formales y más de 20.000 firmas bajan sus persianas en casi todo el país. Al mismo tiempo, crece el pluriempleo y se expande el universo de trabajadores sin protección: por primera vez, más de 6 millones de personas quedan fuera de los sistemas de cobertura laboral.
El impacto no es homogéneo. A días del 8 de marzo, los números muestran que la brecha salarial por hora entre varones y mujeres alcanza su nivel más alto: por cada hora trabajada, los hombres perciben en promedio un 9,4% más. Desde el IAG explicaron que “esto se debe, sobre todo, a la caída de los salarios públicos, ya que mientras el 13% de los hombres ocupados trabajan en el sector público, en las mujeres escala al 19% (la contracara de esto es un menor porcentaje de mujeres trabajando en el sector privado protegido)”. La licuación de los ingresos estatales golpea con más fuerza en áreas feminizadas como salud y educación.
Las estadísticas salariales confirman el deterioro. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, el salario privado registrado muestra una caída tanto con la medición oficial del IPC como con estimaciones que actualizan la canasta de consumo. En el sector público, la pérdida supera un tercio del poder adquisitivo. Además, el Gobierno mantiene sin cambios una metodología de inflación basada en hábitos de consumo de hace dos décadas, lo que subestima el peso real de las tarifas de servicios públicos, que aumentan muy por encima del índice general.
El economista Nadin Argañaraz, del IARAF, aportó otra dimensión del ajuste acumulado: “un empleado privado formal perdió en ocho años el equivalente a 16 salarios mensuales del año 2017 (algo más de un año). Un empleado público perdió el equivalente a 21 salarios mensuales del año 2017 (casi dos años). Por su parte, un empleado informal perdió el equivalente a 29 salarios mensuales del año 2017 (casi 2 años y medio)”.
En este contexto, la reforma laboral que el Senado busca sancionar aparece menos como una respuesta y más como una formalización de la precariedad existente. El proyecto incorpora el “banco de horas”, elimina el pago tradicional de horas extras y habilita jornadas de hasta 12 horas diarias, además de flexibilizar vacaciones, indemnizaciones y ampliar la contratación vía monotributo. En los hechos, consolida un esquema donde el tiempo del trabajador queda a disposición de la empresa.
El resultado es un mercado laboral más chico y desigual, con personas que intentan compensar con horas lo que pierden en ingresos. Así, el derecho al descanso, a la vida familiar y al tiempo propio se transforma en otra variable del ajuste.
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