Distintos: Milei cerró el FISU y Kicillof entregó más viviendas

La diferencia entre las políticas de Javier Milei y la Provincia de Buenos Aires se hizo más evidente este jueves, cuando dos gestos clave marcaron caminos contrapuestos en relación a la construcción de viviendas sociales. Mientras el Presidente firmaba un decreto que disolvía el Fondo de Integración Urbana (FISU), instrumento clave para financiar viviendas en barrios populares, el gobernador Axel Kicillof entregaba 27 nuevas casas en la ciudad bonaerense de Coronel Suárez.

El Decreto 312/2025, publicado este jueves, oficializó el cierre del FISU, un fideicomiso creado en 2019 con el objetivo de financiar la construcción de viviendas sociales en sectores vulnerables. A través de este fondo, se habían financiado diversas obras en barrios populares de todo el país, en línea con la Ley 27.453 de integración social y urbana. Sin embargo, la administración de Milei argumentó que la disolución del fideicomiso respondía a deficiencias administrativas, incluyendo la falta de cumplimiento de plazos y un manejo deficiente de los recursos. La medida también estuvo acompañada por la decisión de reducir drásticamente los fondos provenientes del Impuesto País, lo que según las críticas, afectaría directamente a la política de integración urbana y social del gobierno nacional.

La resolución fue fuertemente rechazada por distintos sectores sociales y políticos, que consideran que los recortes en vivienda reflejan una clara falta de compromiso con las necesidades de los sectores más vulnerables. En particular, la ministra de Hábitat bonaerense, Silvina Batakis, expresó su rechazo al cierre del FISU, destacando que la decisión de Milei no solo es una muestra de «lo deshumanizado» que pueden ser sus políticas, sino también de su desconexión con la importancia de la construcción de viviendas como motor de la economía. Según Batakis, la construcción de viviendas genera un «círculo económico virtuoso» que fomenta la creación de empleo genuino y la generación de riqueza.

En paralelo, el gobierno provincial de Buenos Aires sigue apostando por la construcción de viviendas en el territorio. Este jueves, Batakis, junto a su par de Gobierno, Carlos Bianco, y el intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, entregaron 27 viviendas en esa localidad, en lo que se consideró un gesto claro de la política de inclusión social que lleva adelante la administración de Kicillof. La entrega de estas casas forma parte del Plan Completar, una iniciativa que busca finalizar viviendas que habían sido abandonadas por la administración nacional en municipios bonaerenses.

Durante el acto, Batakis destacó que, a pesar de la «asfixia financiera» impuesta por el gobierno nacional, la provincia sigue trabajando para avanzar con la construcción de viviendas. En este sentido, recordó que, en total, son 8.000 las viviendas que la provincia tiene en construcción con recursos propios, y que el objetivo es seguir avanzando en el desarrollo de proyectos habitacionales. “A pesar de las dificultades económicas, el Estado provincial está cada vez más presente en los municipios. Nosotros no estamos parados, sino que seguimos avanzando en la entrega de viviendas, mientras que el gobierno nacional paraliza las obras”, expresó Batakis.

La ministra también destacó que, a través del Plan Completar, el gobierno bonaerense está comprometido en terminar las obras de viviendas que fueron abandonadas por la Nación, muchas de las cuales se encuentran a un 70% de avance. “Es criminal que, con la situación de los alquileres y la necesidad urgente de tener un techo propio, se dejen las obras paradas”, agregó, al referirse a las viviendas sin terminar en diversos puntos del país. Además, Batakis remarcó que la provincia sigue trabajando para completar proyectos que ya están en marcha, sin importar la falta de apoyo federal.

Además, el informe de la Fundación Techo sobre la situación de los barrios populares en Argentina, elaborado a raíz de las medidas tomadas por Milei, señaló que los recortes en el FISU y la falta de financiamiento a los programas de integración social «paralizan más de 1.000 obras», poniendo en riesgo aproximadamente 25.000 empleos y afectando directamente a miles de familias que carecen de servicios básicos como agua potable, electricidad y cloacas. La misma investigación advirtió que la falta de intervención estatal en la construcción de viviendas abre el espacio para la expansión de otros actores, como el narcotráfico, incrementando la vulnerabilidad social.

About Author

DeudaPrometida.com

See author's posts