La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, instó al Gobierno argentino a entregar información relevante sobre sus activos en el marco del juicio por la expropiación de YPF. Este proceso judicial, que terminó con una resolución desfavorable para el país, obligó a Argentina a pagar una indemnización cercana a los 16.100 millones de dólares.
Preska solicitó, entre otros datos, detalles sobre el oro que se encuentra en las reservas del Banco Central, además de información relacionada con varias empresas y organismos estatales como YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación, Enarsa y Arsat. Esta decisión se da en el contexto de la demanda presentada por los fondos Burford Capital y Eton Park, que reclaman compensaciones tras la expropiación de la petrolera.
A pesar de haber apelado el fallo, el gobierno argentino no logró evitar que se embarguen activos, lo que llevó a la jueza a requerir más documentación. Preska ya había indicado que tanto YPF como el Banco Central podrían ser considerados como extensiones del Estado, lo que facilitaría la ejecución del pago de la indemnización.
La disputa se remonta a 2012, cuando Argentina expropió el 51% de las acciones de YPF que antes pertenecían a Repsol, a través de una ley que declaró de interés público la participación estatal en la empresa. Desde ese momento, los fondos demandantes fueron presentando demandas por los daños derivados de esa expropiación. Aunque el gobierno argentino intentó defenderse, no presentó la garantía exigida para evitar la confiscación de bienes.
Los fondos exigen ahora una serie de documentos financieros relacionados con las cuentas del Estado en diversas entidades, tanto en Argentina como en el exterior, para intentar garantizar el pago de la sentencia. El gobierno, por su parte, se opone a entregar algunos de esos datos, argumentando que no son relevantes. Sin embargo, los demandantes insisten en que es la jueza quien debe decidir sobre la pertinencia de la información solicitada.
La corte sigue supervisando el caso mientras las partes involucradas continúan con las negociaciones y apelaciones. El desenlace dependerá de cómo avance el proceso en las instancias judiciales y de si Argentina accede a entregar los documentos que la jueza ha solicitado.
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