La Policía Federal Argentina realizó en las últimas horas 38 allanamientos en el marco de una investigación por fuga de divisas y contrabando. En este entramado se calcula que se perjudicó al Estado en una suma superior a US$ 200 millones.
Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana a cargo de Adrían González Charvay y la Secretaría Penal N°3 a cargo de Felipe Scagliotti. En los operativos se encontraron elementos de prueba que vinculan a empresas y personas físicas con maniobras de contrabando y lavado e activo.
Tras analizar la información digital y financiera de 180 domicilios de empresas y personas físicas y realizar tareas de campo sobre los mismos, los detectives del Departamento Delitos Fiscales de la PFA lograron dar con una red de firmas y personas físicas vinculadas entre sí.
Según se pudo constatar, se dedicaban a contrabandear mercadería declarada como ácido oleico. Posteriormente, esta red efectuaba una triangulación internacional del dinero obtenido con el objetivo de darle apariencia de licitud.
Las pesquisas comenzaron en noviembre de 2021 a partir de una serie de denuncias por los delitos de contrabando y lavado de activos, realizadas por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y por la Dirección de Investigaciones de la Dirección General de Aduanas (DGA).
Ambos organismos informaron que un grupo de personas estarían operando con empresas que se encuentran en funcionamiento y otras firmas “fantasmas”, cuyo fin era exportar subproductos oleaginosos mediante mecánicas de triangulación de facturaciones.
Con esta triangulación realizada con firmas radicadas en Estados Unidos se buscaba obtener un rédito económico mediante una diferencia del valor FOB entre la Aduana de Argentina y la de Chile. Por otro lado, también darle apariencia licita al dinero que era fruto del contrabando.
La red estaba compuesta por, al menos, 48 personas y 19 empresas. Algunas de las firmas que aparecían como exportadoras eran creadas con el único fin de generar facturación, siendo “empresas fantasmas” que no presentaban la solvencia para acreditar las sumas millonarias de mercadería que comercializaban.
Los efectivos federales, en conjunto con la Aduana, individualizaron a todos los socios y profesionales involucrados en la red ilícita, desplegándose tareas investigativas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
La organización criminal, que se dedicaba al lavado y al contrabando, también tenía ramificaciones en Chile y Estados Unidos. Tras vincular a los involucrados, la PFA solicitó a la justicia impulsar las medidas procesales pertinentes, a fin de obtener material de prueba para la imputación de las personas implicadas.
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