Entre mayo de 2024 y mayo de 2025 608.000 usuarios del AMBA dejaron de ser considerados de bajos ingresos y pasaron de la categoría que los agrupaba (N2) a la de quienes, en teoría, tienen un alto poder adquisitivo (N1). Estos consumidores, de acuerdo con el último estudio del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-Conicet), recibieron este mes una factura eléctrica con un aumento interanual del 484%.
Todo parece indicar que los incrementos continuarán. El Gobierno avanza en la progresiva eliminación de subsidios y, mientras entre julio de 2024 y abril de 2025 2,1 millones de usuarios de bajos ingresos fueron recategorizados en niveles superiores (el 83% pasó a ser considerado de altos ingresos y el resto de ingresos medios), esta semana, mediante la Resolución 219/2025 de la Secretaría de Energía, se establecieron nuevas condiciones para el régimen diferencial de subsidios a la energía en las zonas frías del país, que se estima impactará en otras 130 mil personas.
Pero, mientras los subsidios para el consumo en los hogares tuvieron un recorte del 44,2% de 2023 a 2024, los subsidios a la oferta sólo cayeron un 7,8% en el mismo periodo. Durante 2024 el Gobierno de Milei destinó más del doble en subsidiar a empresas de energía que a consumidores. La conclusión surge de un análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que confirmó a este medio que durante ese año se ejecutaron $ 396.298 millones en subsidios a la oferta de hidrocarburos y $ 180.852 millones en subsidios a la demanda
En un informe publicado en marzo, la Fundación detalla cronológicamente cuáles fueron las medidas que explican la progresiva quita de subsidios del Gobierno: primero, hacen referencia al DNU 70/2023, que “habilitó la modificación del esquema de subsidios a la oferta, beneficiando de manera desproporcionada a unas pocas grandes empresas mientras dejaba de lado a los consumidores”, algo que “vino a profundizar y sostener los privilegios de un grupo reducido de compañías, principalmente extractivas, con menores cuidados por el ambiente, en detrimento de la población general”.
En segundo lugar, el estudio se refiere a la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que modificó la ley 17.319 de Hidrocarburos y que “quitó al Estado el papel de garantizar el abastecimiento interno, la fijación de precios y la planificación de las exportaciones, sumando a sus objetivos la maximización de la renta y sin considerar a la energía como una necesidad primaria de la población”.
Por último, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) previsto en la ley “omite la presentación de estudios de impacto ambiental”.
El proyecto de presupuesto de 2025, que finalmente no fue aprobado en el Congreso, marcaba de alguna manera el rumbo que podría llegar a tomar el Gobierno en materia de subsidios: desde FARN detallan que en este documento los subsidios a la oferta caían un 52%, mientras los subsidios destinados a la demanda lo harían en un 76%.
Concluyen además que esto no puede entenderse fuera de un contexto en el que el Fondo Monetario Internacional continúa condicionando las políticas argentinas.
De acuerdo con el análisis de FARN, durante 2024 los subsidios destinados a la demanda energética, es decir, a los consumidores, fueron de $ 213.848 millones. En 2025, como pudo constatar Deuda Prometida en el presupuesto abierto, el dinero consignado a subsidiar el consumo se redujo en más de $ 10 mil millones respecto a 2024, lo que representa una caída del 5%.
En cambio, los subsidios a la oferta crecieron: pasaron de los $ 411.447,59 millones en 2024 a los $ 519.914 millones en 2025, lo que representa un incremento del 26,11%.
Desde FARN agregaron a este medio que, con lo destinado al pago de subsidios a las empresas hidrocarburíferas se podría pagar “5 veces el presupuesto de la Subsecretaría de Ambiente, 6 veces el presupuesto de la Administración de Parques Nacionales, 42 veces el presupuesto del Fondo de Bosques, 146 veces el presupuesto de los programas destinados a Energías Renovables y Eficiencia Energética, 701 veces la ejecución del presupuesto del Sistema de Áreas Marinas Protegidas, 12 veces el presupuesto de las partidas destinadas al manejo del fuego, y 3 veces el presupuesto destinado a sanear y mejorar la infraestructura de la cuenca Matanza-Riachuelo”.
Por otro lado, agregaron, “si se tienen en cuenta algunos impactos ambientales que genera la actividad hidrocarburífera como el gran uso y contaminación de agua, gran uso de arenas silíceas, gran uso de químicos contaminantes, generación de residuos peligrosos que no se tratan correctamente, reinyección de residuos peligrosos bajo tierra, sismicidad inducida por la técnica del fracking, generación de gases de efecto invernadero, entre otros, se puede decir que se subsidia una actividad altamente contaminante con graves repercusiones en los territorios”.
Las empresas que más subsidios recibieron
De acuerdo a un pedido de acceso a la información pública que FARN realizó en marzo de este año, y que fue respondida por la Secretaría de Energía el 6 de mayo, se repartieron $ 385.708 millones en concepto de subsidios a la oferta de hidrocarburos, de los cuales sólo 6 empresas recibieron el 80,9%. YPF, con un total de $ 116.704 millones (el 30,3%) fue la principal. A esa empresa le siguieron Tecpetrol SA, con $65.654 millones; Total Austral SA, con $ 40.756 millones; Pampa Energía SA, con $ 36.717 millones; Pan American Energy SL, con $ 23.947 millones y Wintershall DEA Argentina SA, con $ 11.092 millones.
Cabe recordar, en el caso de YPF, que la empresa rechazó presentar la documentación requerida en un pedido de acceso a la información pública que realizó el Centro de Datos del portal de noticias Chequeado sobre los gastos en publicidad que, según el sitio, se mantienen prácticamente sin recortes desde 2023.
Los usuarios, los más perjudicados
En términos generales, de acuerdo con el estudio de la UBA ya citado, la canasta de servicios aumentó un 16,8% respecto a abril. Así, en mayo, una familia necesitó, en promedio, $ 166.559 para pagar los servicios básicos, lo que equivale al 54% de un salario mínimo vital y móvil (que hoy es de $ 308 mil).
El documento agrega que en los 18 meses que van desde diciembre de 2023 a mayo de 2024 “la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 500%, mientras que el nivel general de precios lo hizo en 149%”. En comparación con mayo de 2024, detallaron, “el costo de la canasta total se incrementó 45% a partir de las actualizaciones de tarifas de transporte, energía eléctrica, gas natural y agua”.
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