La manifestación de apoyo a los jubilados frente al Congreso Nacional terminó en un escenario de violencia sin precedentes. A medida que las fuerzas de seguridad comenzaron a dispersar a los manifestantes, se registraron 150 detenidos y 9 heridos graves, varios de ellos con lesiones en la cabeza, producto del impacto de gases lacrimógenos y otros proyectiles.
El conflicto estalló alrededor de las 16, cuando el Ministerio de Seguridad activó el protocolo antipiquetes, como había anticipado previamente la ministra Patricia Bullrich. En ese momento, las fuerzas de seguridad se desplegaron en la zona del Congreso, utilizando gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes para dispersar a la multitud que se había congregado en apoyo a los reclamos de los jubilados.
Fuentes oficiales indicaron que 98 personas fueron arrestadas en la cercanía del Congreso, mientras que el resto fue detenido en distintas áreas de la ciudad. La Policía de la Ciudad señaló que 89 de esos arrestos fueron llevados a cabo por su fuerza. En total, 20 personas resultaron heridas, con 9 de ellas internadas por graves lesiones de cráneo, algunas de ellas con pronóstico reservado. Los hospitales Ramos Mejía, Argerich, Santa Lucía, Durand y Álvarez fueron los encargados de atender a los afectados.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que al menos 60 de las detenciones fueron realizadas de manera arbitraria. Según el CELS, entre los afectados se encontraban un fotógrafo con fractura de cráneo, una mujer de 87 años llamada Beatriz con un traumatismo y varios niños alcanzados por el gas. La organización condenó el uso excesivo de la fuerza y los ataques contra civiles.
Desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) también confirmaron al menos 16 detenidos en la marcha, entre ellos varios simpatizantes de diferentes clubes de fútbol y militantes políticos. La lista de los detenidos fue publicada en redes sociales, aumentando la visibilidad del accionar represivo.
En LN+, @PatoBullrich planteó que uno de los heridos es empleado de @aJulianAlvarez.
— Ezequiel Orlando ⭐️⭐️⭐️ (@ZetaOrlando) March 12, 2025
Me aclaran desde la Municipalidad de Lanús que esto es FALSO. Sí fue empleado del HCD en el pasado, pero hoy no. Está hospitalizado y me dicen que grave.
Juegan con la sangre de los argentinos. pic.twitter.com/jaQ81Wmc7w
El despliegue de fuerzas y las amenazas gubernamentales
El gobierno había dejado claro que se tomarían medidas severas ante la movilización. Patricia Bullrich había advertido de manera anticipada que se desplegarían fuerzas especiales y se procederían a realizar detenciones en caso de disturbios. La activación del protocolo antipiquetes fue el primer paso para disuadir a los manifestantes, recurriendo a métodos de dispersión que incluyeron gases lacrimógenos, balas de goma y la utilización de camiones hidrantes, que atacaron directamente a los jubilados y a los que se sumaron a la marcha.
El Ministerio de Seguridad también había emitido un comunicado previniendo a los manifestantes que se aplicaría la Restricción de Concurrencia Administrativa a quienes participaran de actos violentos, prohibiéndoles la entrada a los estadios de fútbol en todo el país. Esta medida fue interpretada como una amenaza directa contra quienes se identificaran con determinados grupos de hinchas de fútbol presentes en el lugar.
Condenas y reacciones ante la violencia desatada
La violencia de este miércoles generó una amplia repercusión en la sociedad y en distintos sectores políticos. Vecinos de la Ciudad de Buenos Aires se acercaron a la Plaza de Mayo por la noche, donde se manifestaron hasta altas horas de la madrugada repudiando la sangrienta represión de las fuerzas de seguridad.
A pesar de los cuestionamientos, el gobierno nacional defendió la intervención de las fuerzas de seguridad, alegando que se trató de una medida para mantener el orden y garantizar la seguridad pública. Sin embargo, el saldo de esta represión deja una sensación de incertidumbre y malestar, sobre todo entre los manifestantes que buscaban visibilizar el reclamo de los jubilados, quienes siguen luchando por una respuesta efectiva de las autoridades ante sus necesidades.
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