A pocas horas de que el Senado empiece a discutir la reforma laboral impulsada por el Gobierno, las principales cámaras bancarias salieron a marcar la cancha. A través de notas formales enviadas a legisladores clave, las entidades advirtieron que el proyecto, tal como está redactado, abre riesgos serios para los usuarios, el sistema financiero y la capacidad de otorgar crédito.
El eje del reclamo se concentra en el artículo 35, que habilita a trabajadores y jubilados a cobrar sueldos y haberes en billeteras virtuales, y no exclusivamente en cuentas bancarias. Según los bancos, esa modificación introduce un nivel de inseguridad jurídica y financiera inédito en el sistema de pagos de salarios.
El rechazo de los bancos al artículo 35
La Asociación de Bancos Públicos y Privados (Abappra) reiteró su postura crítica en una carta firmada por su director ejecutivo, Marcelo Mazzón. En el texto recordó el planteo que ya había llevado al Congreso en diciembre, cuando sostuvo que “la habilitación de billeteras virtuales para el pago de haberes pone en riesgo la liquidez del sistema y el crédito productivo”.
Desde la cámara remarcaron que los proveedores de servicios de pago (PSP), es decir, las fintech que operan billeteras virtuales, “no se encuentran alcanzados por las protecciones legales esenciales” que sí rigen para las cuentas sueldo y jubilatorias. Esa diferencia regulatoria, alertaron, “genera el riesgo concreto de que dichas protecciones se vean neutralizadas”.
Falta de garantías y riesgo para los usuarios
Otro de los puntos centrales del planteo bancario apunta a la cobertura de los fondos. Abappra recordó que los depósitos en bancos cuentan con un esquema de “triple protección”: el Seguro de Depósitos (Sedesa), que cubre hasta $25 millones por persona y por cuenta; el carácter de pasivo privilegiado frente a los activos del banco; y un régimen especial de resolución ante crisis.
Las billeteras virtuales, en cambio, “carecen por completo de estas protecciones. En caso de insolvencia de un PSP, los fondos de trabajadores ingresarían a la masa concursal sin prioridad”, advirtieron. En ese marco, subrayaron que “este marco regulatorio asegura que ni un solo asalariado haya sufrido pérdidas o demoras en sus haberes en las últimas tres décadas”.
Para reforzar el argumento, las entidades mencionaron antecedentes internacionales y locales: “las quiebras y fraudes en fintech como Wirecard, FTX o Wenance, Generación Zoe, Sur Finanzas, generaron pérdidas masivas para usuarios sin que existieran mecanismos de garantía o rescate”. Y concluyeron: “La seguridad de los haberes no puede quedar subordinada a modelos de negocios sin sustento regulatorio ni garantías de solvencia. Existe regulación para proteger al trabajador”.
Impacto en el crédito y tensiones internas en el Gobierno
Desde el sector financiero también vincularon el artículo cuestionado con un efecto negativo sobre el crédito. “El punto que se critica choca con la reactivación del crédito, uno de los presuntos objetivos del Gobierno, porque el dinero que los clientes tienen en las billeteras virtuales no puede utilizarse para crédito”, señaló una fuente bancaria.
En la City, además, interpretan la iniciativa como una jugada política dentro del propio oficialismo. Según esas versiones, el impulso al artículo 35 responde al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y tendría como principal beneficiario a Mercado Pago, aunque formalmente alcanza a todas las billeteras. “Lo que subyace es una pelea entre Luis Caputo y Sturzenegger”, deslizaron desde otra entidad. Ni el entorno del ministro ni la empresa respondieron consultas periodísticas.
Más advertencias y un debate abierto
La Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), que preside Claudio Cesario, también envió notas a los senadores. Allí aclaró que la cámara acompaña la orientación general de la reforma, pero consideró necesario plantear “una objeción puntual y sustantiva, atento a los riesgos jurídicos, financieros, sistémicos, territoriales y sociales que su eventual aprobación podría generar”.
Abappra, ABA y Adeba ya habían expuesto en el Congreso contra este punto del proyecto semanas atrás. En aquella oportunidad, el titular de Adeba, Javier Bolzico, alertó que la modificación “puede impactar negativamente sobre la seguridad de los fondos de las personas y, sobre todo, a la generación del crédito para empresas y familias”.
El oficialismo busca llevar la reforma al recinto el miércoles a las 11. Mientras tanto, los sindicatos afectados por otros artículos del proyecto intensifican las gestiones con senadores y diputados. El silencio del Gobierno sobre posibles cambios mantiene abierta la incógnita sobre el destino de los puntos más cuestionados de la iniciativa.
Fuente: Perfil
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