El juez Ariel Lijo desarticuló la denuncia promocionada públicamente por Graciela Ocaña contra el presidente de AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, sobre supuestos contratos con empresarios amigos. Esto quedó desacreditado por inexistencia de delito.
«Sobreseer a Jonathan Sanzi, Marcelo Daniel Diment, Guillermo Luis Tofoni, Claudio Fabián Tapia y Carlos Varela, haciendo expresa mención de que la formación de este sumario en nada afecta el buen nombre y honor del que hubieran gozado», resolvió el magistrado en su escrito al que accedió DeudaPrometida.com.
Destacó Lijo además que si bien la denuncia inicial señalaba que Tapia habría otorgado un contrato de exclusividad a la firma World Eleven SRL por el término de veinte años, lo cierto era que de los contratos celebrados entre la AFA y las empresas de Tofoni surgía que el plazo de duración de los negocios jurídicos era de ocho años. Estos refieren al “Contrato de representación institucional para la creación de los institutos tecnológicos deportivos AFA” (2019) y al “Contrato de representación exclusiva”.
En lo referente a las supuestas irregularidades vinculadas a Tofoni, señaló el fiscal que en base a la evidencia reunida se encontraba acreditada de manera fehaciente su vasta trayectoria en la organización de partidos de fútbol como agente de la FIFA. Esta incluso era previa a la asunción de Claudio Tapia al frente de la AFA en 2017. Según indicó, esto se sustentaba, entre otra información aportada por Tofoni, en la “Renovación de licencia de la FIFA de Agente Organizador de Partidos” -de 2016-, así como también de la “Póliza de seguro vigente”.
Lijo señaló que «no se advierte así que la contratación señalada en la denuncia encierre una maniobra de carácter ilícito, pues vistos los resultados de las averiguaciones practicadas no se verifica de qué modo esa vinculación podría resultar en una conducción infiel del patrimonio cuya administración le ha sido confiada a Tapia, sin perjuicio del conocimiento personal que pudiera ligar a los representantes de ambas partes. Al igual que ocurre con acontecimientos previamente analizados, tampoco aquí las averiguaciones realizadas hasta el momento han aportado elementos que den crédito a las circunstancias denunciadas ni que permitan presumir que la contratación que se cuestiona perseguía alguna finalidad defraudatoria, quedando por fuera de las incumbencias de una investigación penal, naturalmente, la valoración sobre la conveniencia o el acierto que constituyó para la asociación en términos comerciales la celebración de ese negocio».
«Frente a ello, tampoco pueden soslayarse las numerosas imprecisiones y hasta falacias contenidas en las denuncias que dieran inicio a estas actuaciones, según lo ha verificado el Fiscal durante la instrucción desarrollada, por lo que no se vislumbra que razonablemente la profundización de la investigación pudiera arrojar a estas alturas elementos novedosos que permitan desvirtuar la prueba desincriminatoria hasta aquí reunida y, en cambio, llevar a corroborar alguna de las circunstancias que se aventuraron en la denuncia», concluyó.
Por la denuncia, la actual diputada Ocaña había citado a Tapia y los miembros del Comité Ejecutivo de la AFA al Parlamento nacional. “Estamos pidiendo que Tapia venga al Congreso a explicar una serie de contratos que firmó, entre ellos con esta empresa, World Eleven Sports SA, a la que se le cede parte de los beneficios que la AFA recibe para organizar partidos no oficiales. El contrato que firman, de 2022 en adelante, incluye la conformación de un instituto de fútbol a nivel mundial, auspiciado por la AFA, donde no sabemos qué beneficios tendrán los clubes asociados”, había lanzado la legisladora en ese momento.
Finalmente, el 30 de diciembre, el juez Lijo coincidió con el fiscal Eduardo Taiano, quien había recomendado el sobreseimiento. Ambos entendieron que no existían pruebas que confirmen los delitos de los que los acusaron.
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