La Inspección General de Justicia abrió una investigación por una presunta estafa masiva contra ZOE un «grupo económico». La organización está acusada de fraguar ahorros públicos con una gran estructura de forma intencionada.
El Departamento de Procesos, Planificación y Prevención de Lavado de Activos del organismo detectó una actuación sumarial múltiple por una situación anómala e infrecuente relacionada a una serie de operatorias con criptomonedas que estaría realizando la sociedad ZOE Capital SA, notificaron desde la IGJ a DeudaPrometida.com. Desde la entidad de control no descartaron que pueda haber eventuales entidades interrelacionadas con denominación análoga o con coincidencia de domicilios legales, integradas, mayormente, por las mismas personas como socias, administradoras, beneficiarias finales u organizadoras.
Entre el elenco de “operaciones sospechosas” advertidas, se encontrarían propuestas masivas de captación de ahorro dirigidas hacia potenciales aportantes de dinero y/o inversores, encuadrables y/o asimilables a esquemas piramidales como el denominado “Ponzi”, tristemente célebre por sus resultados harto disvaliosos en diversas latitudes.
Lo precedente derivó en la resolución particular IGJ 67, del 1 de febrero. Por esto resolvió que, «en resguardo del interés público comprometido, someter a once de las trece entidades abarcadas a la fiscalización estatal de esta autoridad de contralor». De igual modo, dispuso visitas de inspección a todas las entidades concernidas, al igual que requerimientos documentales e informativos diversos.
El elenco de entidades abarcadas en el posible «grupo», «conjunto» o «agrupamiento económico» en proceso de inspección incluye: 1) ZOE CAPITAL SA, 2) ZOE SIDEMA SA, 3) ZOE BURGER SA, 4) ZOE EMPOWERMENT SA, 5) ZOE CONSTRUCCIONES SA, 6) GENERACIÓN ZOE SA, 7) UNIVERSIDAD DEL TRADING SA, 8) ZOE PIZZA SA, 9) PRIOLI CONSTRUCCIONES SA, 10) ZOOE PETS SA, 11) TRANSCEND SA, 12) FIDEICOMISO LATAM ZOE y 13) ZOE FITNES GYM SA.
Ello está asociado a sendas investigaciones que, en paralelo y en sus respectivas esferas competenciales, están realizando el Banco Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores.
La IGJ verificó que ZOE CAPITAL SA inscribió a su sede social en un domicilio inexistente en esta Ciudad de Buenos Aires, el cual es el mismo que fijó como “domicilio fiscal” ante la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Asimismo, en punto a los requerimientos documentales efectuados, hasta el momento no se han cumplimentado los mismos por parte de las entidades obligadas a ello, incluido el denominado FIDEICOMISO LATAM ZOE, contrato que sería puerta de entrada de importante flujo de dinero para concretar la operatoria descripta.
La Inspección General de Justicia pone en conocimiento lo anterior, a efectos que los potenciales sujetos y/o adherentes que se vinculen y/o hayan vinculado con las entidades detalladas tomen los recaudos que estimen adecuados.
A medida que las actuaciones administrativas progresen, se irán informando por esta misma vía los avances que eventualmente se produzcan y la IGJ considere relevante difundir, para tutelar debidamente el interés público comprometido en lo relacionado.
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