En medio del ajuste fiscal y la reconfiguración del esquema de subsidios energéticos, el Gobierno avanzó con nuevas medidas que apuntan a segmentar con mayor precisión la asistencia estatal. A través de la Resolución N° 218/2025 publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía formalizó la puesta en marcha de un nuevo sistema digital que permitirá a los usuarios verificar su categoría en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y, en caso de disconformidad, solicitar una revisión desde la plataforma Trámites a Distancia (TAD).
La decisión se enmarca en la llamada “transición hacia subsidios focalizados”, un proceso iniciado en junio de 2024 que busca limitar la ayuda estatal a quienes efectivamente lo necesiten. El período fue extendido hasta el 31 de mayo de este año, aunque no se descarta una nueva prórroga.
Además de facilitar el acceso a la información, la norma también introduce mayores exigencias en el control patrimonial. Las autoridades podrán verificar los datos declarados por los usuarios mediante cruces con bases de organismos como ANSES y el SINTyS. Si se detectan inconsistencias, se procederá a quitar el beneficio y se exigirá la devolución del subsidio mal otorgado, con intereses y eventuales sanciones.
“El objetivo es corregir los errores de exclusión mediante un sistema de revisión accesible, pero también seguir avanzando en la reducción de los casos de inclusión indebida”, señalaron desde el Ejecutivo.
El nuevo procedimiento pone especial foco en casos de usuarios que, declarando ingresos bajos, residen en barrios cerrados u ostentan indicadores de capacidad económica incompatible con el subsidio. A partir de ahora, el Estado podrá utilizar variables patrimoniales para definir el acceso a los beneficios.
Para quienes ya están registrados en el RASE, no se requiere reinscripción, salvo que necesiten actualizar la información del grupo conviviente. Aquellos sin acceso a internet podrán realizar la gestión en las oficinas de ANSES.
María Carmen Tettamanti, titular de la Secretaría de Energía, explicó que la medida busca mejorar la transparencia y eficiencia del sistema. Según reconocieron desde la cartera, las vías actuales de consulta –como los centros de atención telefónica– resultaron insuficientes para canalizar la demanda ciudadana.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, respaldó la medida y la enmarcó en la filosofía libertaria del gobierno de Javier Milei: “Es para devolverle la libertad a los argentinos”, afirmó.
La normativa también se inscribe dentro del marco de emergencia energética y económica dictado por el Poder Ejecutivo a fines de 2023, que sigue vigente hasta julio y diciembre de este año, respectivamente.
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