25 de junio de 2024

Diputados: Comisión de Derechos Humanos tratará proyectos contra el negacionismo

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados comenzará a debatir hoy los proyectos de ley contra el negacionismo. Proponen la incorporación del antisemitismo como causal en la ley antidiscriminatoria, y el aumento de las penas por manifestaciones y actitudes negacionistas de genocidio y de crímenes de lesa humanidad.

La comisión que preside el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Hugo Yasky se reunirá desde las 14 en el edificio anexo. También abordará el proyecto que establece la creación del Observatorio para la Convivencia Democrática con la modificación del artículo 213 del Código Penal, sobre sanción para actitudes negacionistas y/o apologistas de genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Entre los proyectos referidos a la penalidad del negacionismo se buscará aunar criterios en torno a iniciativas de Marina Stilman (Coalición Cívica) y de los oficialistas Estela Hernández, Eduardo Fernández, Gisela Marziotta y Carolina Moisés, a partir de un borrador de consenso elaborado por el propio Yasky.

Uno de los proyectos, cuya autoría pertenece al cordobés Fernández, establece la modificación del artículo 213. La intención es estipular que «será reprimido con prisión de tres meses a dos años quien públicamente niegue, apologice o reivindique la comisión de delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad previstos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y demás tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional a los que nuestro país adhiere».

En otro de los artículos, el proyecto señala: «Será reprimido con multa económica de 10.000 a 100.000 pesos quien hiciere manifestaciones públicas por las que niegue, apologice o reivindique la comisión de los delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad previstos éstos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y demás tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional a los que nuestro país adhiere».

En cuanto a los agravantes, prevé: «Será sancionado con la destitución definitiva de su cargo e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el término de diez años, el funcionario público de cualquier Poder del Estado, jerarquía y jurisdicción, que durante el ejercicio de su función hubiere realizado manifestaciones públicas por las que niegue, apologice y/o reivindique la comisión de delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad».

En ese sentido, agrega: «Será reprimida con multa económica del doble de la fijada de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 213 ter de la presente Ley, el funcionario o la funcionaria que durante el ejercicio de su función hubiere realizado manifestaciones públicas por las que niegue, apologice o reivindique la comisión de delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad».

En cuanto al proyecto de Moisés, también propone modificar el artículo 213 creando un tipo penal agravado para los funcionarios o funcionarias públicas al disponer «sanciones como la destitución de su cargo e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el doble de tiempo de la condena».

Además, establece que el funcionario o funcionaria pública que haya sido apartado del cargo «deberá acreditar capacitación en materia de derechos humanos previo a una nueva y futura designación, una vez cumplida la pena de inhabilitación».

El proyecto establece capacitación en derechos humanos, genocidio y delitos de lesa humanidad para todos los agentes de la función pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Y establece que dicha instrucción será obligatoria para las máximas autoridades y estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

El tema que se debatirá hoy quedó enmarcado en la campaña electoral que se desarrolla desde junio, como consecuencia de los dichos de dirigentes de La Libertad Avanza en relación a la negación del Terrorismo de Estado y a los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura cívico-militar (1976-1983).

En cuanto al proyecto sobre el Observatorio para la Convivencia Democrática, elaborado por la massista Mónica Litza, señala: «Tendrá entre sus funciones diseñar acciones académicas contra los discursos de odio y violencia; describir las TIC en el sistema político con énfasis en el negacionismo; y organizar actividades de formación y difusión de conocimiento».

Otra de las iniciativas que estará sobre la mesa será la de la modificación de la ley marco de regulación del empleo público para prohibir acciones discriminatorias por razón de raza, religión, nacionalidad, opinión, sexo, cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La autora de esta iniciativa es la legisladora peronista entrerriana Blanca Osuna.

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