El alivio fiscal que el Gobierno buscó mostrar durante la campaña tiene fecha de vencimiento. Con una recaudación en caída libre —entre 15% y 20% interanual— y un agujero cercano al 1,5% del PBI por la eliminación de retenciones y el Impuesto PAIS, la Casa Rosada afila un ajuste que supera los 10 billones de pesos para sostener la meta con el FMI. La magnitud del recorte equivale a 2 puntos del PBI y golpeará sobre todo al gasto no indexado.
Como las jubilaciones mínimas, las prestaciones sociales y la deuda tienen aumentos automáticos por ley, el grueso del ajuste caerá sobre salarios públicos, subsidios energéticos, obra pública y fondos para las provincias. En algunas jurisdicciones ya empezaron a sentirlo: un mandatario del norte reconoció que “los pagos se frenaron” en plena ejecución de una ruta productiva clave.
Un dique electoral que se rompe
Durante julio y agosto, el Ejecutivo pisó las tarifas y multiplicó los giros a Cammesa para amortiguar el impacto de la devaluación flotante. Según un informe difundido por el PJ, las transferencias treparon a USD 652 millones en julio y USD 491 millones en agosto, cifras inusuales para el esquema vigente. Esa maniobra permitió que el salto del dólar no llegara a las boletas antes de votar. Pero los recursos para seguir conteniendo ese aumento se agotaron.
“La devaluación acumulada desde el 11 de abril que se pasó al esquema de flotación se acerca al 40%. De no haber mediado el aumento de subsidios, la suba del tipo de cambio se traslada en un 90% a la factura. Ese salto fue contenido, pero ya no alcanzan los fondos para seguir sosteniéndolo. Sobre ese aumento escondido, se va a montar una eventual devaluación post electoral. El impacto puede ser altísimo”, advirtió un ex funcionario de Energía.
Un presupuesto con señales claras
El proyecto de Presupuesto 2026 profundiza esa lógica. Mientras las partidas atadas por ley muestran subas reales, el gasto flexible se prepara para un desplome mayor. Según explicó el director del IARAF, Nadin Argañaraz, antes de que el gasto total muestre algún crecimiento, “es necesario que las partidas no indexadas caigan con más fuerza para reducir el peso del Estado sobre el PBI”.
El ajuste ya avanza en varios frentes: el déficit operativo de las empresas públicas bajó 26,7%, el gasto en bienes y servicios cayó 4,9% real y los otros gastos retrocedieron 5,4%, mientras las erogaciones protegidas crecieron automáticamente.
“Ya se habían hecho simulaciones para el cierre fiscal 2025 con distintos escenarios de caída de ingresos y el resultado era siempre el mismo: si la recaudación afloja, el ajuste tiene que concentrarse en el gasto no indexado”, señaló Argañaraz.
Y agregó un dato clave: “El Presupuesto 2026 no incorpora una reducción de impuestos, pero el Gobierno sí dejó abierta esa discusión en paralelo. Si se avanza con una baja de alícuotas, como deslizan algunos funcionarios, habrá que reabrir la caja y recortar todavía más sobre las partidas flexibles”.
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