En el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, un informe del Instituto Argentina Grande advierte sobre un recorte presupuestario significativo en las políticas de promoción y defensa de los derechos humanos.
Según los datos de los equipos técnicos de Gabriel Katopodis, el gasto devengado en los programas vinculados a la memoria y los Derechos Humanos cayó en términos reales durante 2024, con una reducción del 50% en comparación con el año anterior. El recorte más pronunciado se registra en las partidas destinadas a la puesta en valor de sitios y espacios de memoria, donde se preserva la historia de las víctimas del terrorismo de Estado.
Este ajuste se produce en un momento crítico para la sociedad argentina, que cada 24 de marzo renueva su compromiso con el “Nunca Más” y con la construcción de una cultura de memoria, verdad y justicia. El recorte no solo impacta en las tareas de preservación de los lugares emblemáticos de la dictadura, sino que también limita las acciones de difusión, investigación y formación destinadas a fortalecer la conciencia ciudadana sobre los crímenes de lesa humanidad.
Los economistas de Katopodis sostienen que la disminución de fondos en áreas clave de los derechos humanos pone en riesgo la continuidad de proyectos fundamentales para la transmisión de la memoria histórica, y señalan que esta decisión gubernamental contradice los discursos oficiales que reivindican la defensa de los derechos humanos como una política de Estado.
En un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, los organismos de derechos humanos y la comunidad en general expresan su preocupación por el desfinanciamiento de la memoria, y exigen al Gobierno la restitución de los recursos necesarios para garantizar la protección y promoción de la verdad y la justicia.
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