La expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez insistió hoy en proclamar su inocencia de los delitos por los que se la acusa en el llamado “Caso golpe de Estado II”. Afirmó que actuaría “de la misma manera” si se repitieran las circunstancias por las que asumió la jefatura del Estado en noviembre de 2019.
”En ningún momento he vulnerado la Constitución Política del Estado o he emitido normas u órdenes contrarias. Y esto se ha podido evidenciar en todas las declaraciones y en todas las pruebas. Fui sometida a estas cansadorísimas horas de juicio porque el poder político les exigía un juicio exprés para tener una sentencia exprés”, señaló Áñez al pronunciar sus últimas palabras en los alegatos finales antes de la sentencia.
El tribunal que la juzga junto a otros mandos policiales y militares debió trasladarse al penal de Miraflores para escucharla. Luego hizo lo mismo al Penal de San Pedro para el turno de los excomandantes Flavio Arce y Pastor Mendieta.
“Se declara formalmente cerrado el debate. Los miembros de este tribunal pasan a deliberar de manera ininterrumpida hasta dictada la correspondiente resolución, debiendo las partes procesales, mediante vía virtual estar conectados a la audiencia hasta que el tribunal emita la resolución que corresponda conforme a ley”, señaló luego el titular del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Germán Ramos.
Antes, Áñez se quejó de que se le negó “absolutamente todo” durante el proceso, lamentó “las exquisiteces” del Tribunal que rechazó pruebas de su defensa y atribuyó esas actitudes a la necesidad de “tener el camino expedito para tener una sentencia condenatoria”. Insistió en que en 2019 hubo “vacío de poder” y recalcó que no movió “ni un dedo” para asumir el Ejecutivo.
La exmandataria advirtió que se excluyó, entre la documentación descartada, el comunicado del Tribunal Constitucional que avalaba su Gobierno transitorio, las memorias de la Conferencia Episcopal sobre una reunión mantenida en la sede de la Universidad Católica y el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones fallidas de 2019.
”Yo tuve el Gobierno, pero nunca tuve el poder. Tuve bloqueos en la Asamblea (Legislativa); era un Gobierno simplemente de transición. En un año pudieron haber hecho cualquier denuncia en la Cámara de Senadores, pero no lo hicieron; trabajamos en coordinación”, remarcó.
Y agregó: “Bolivia sabe que esos delitos no los he cometido. Bolivia sabe que fui una consecuencia de todo lo que sucedió el 2019. Aquel que cometió incumplimiento a la Constitución, irrespetando hasta un referendo, está feliz y libre haciendo política. Para él hay impunidad. Esa es la justicia que tenemos en Bolivia”. La referencia fue al exmandatario Evo Morales, a quien ella no mencionó, que había perdido una consulta popular sobre la chance de un nuevo mandato.
Cuando es inminente una sentencia, un grupo de cerca de 20 expresidentes de América Latina y España calificó de «arbitrario, abusivo, ilegal e inconstitucional» el juicio, y opinó que la ONU, la OEA y la UE lo deberían repudiar.
En una declaración publicada por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), 23 exjefes de Estado y de Gobierno defendieron a Áñez y juzgaron que «preservar el hilo constitucional y las reglas de sucesión en medio de toda crisis política, como lo muestra la experiencia en América Latina, es el antídoto contra las aventuras militaristas y sus golpes de Estado».
La Fiscalía pide 15 años de prisión para Áñez
El lunes la Fiscalía había pedido 15 años de prisión y este miércoles hizo lo propio el Ministerio de Gobierno, siempre por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, las cuatro instancias acusadoras coincidieron en la pena solicitada.
«Por las muertes, por la lucha, por la exigencia, por el luto, por las lágrimas, por las heridas sus autoridades deben sentenciar a la señora Jeanine Áñez y a los miembros del Alto Mando Militar para establecer una sentencia ejemplificadora. Pedimos que sus autoridades emitan una sentencia condenatoria de 15 años», dijo el abogado Juan Kalleb Clemor, representante de la Procuraduría.
Kalleb Clemor cuestionó el hecho de que Añez, durante los conflictos que siguieron a las elecciones del 2019 y la renuncia obligada de Evo Morales a la Presidencia, haya emitido órdenes a las Fuerzas Armadas en su condición de senadora, detalló el sitio del diario Los Tiempos.
También denunció que hizo el viaje desde Trinidad hasta La Paz, para asumir la Presidencia, con el resguardo presidencial de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana. Al respecto, acusó a los mandos de las fuerzas por obedecer órdenes de una asambleísta.
Insistió el letrado en que las sesiones en las que Añez asumió las presidencias de forma gradual, fueron irregulares porque no hubo convocatoria, no hubo quórum y no se consideraron las cartas de renuncia de Morales y de la entonces presidenta del Senado, Adriana Salvatierra.
En el proceso también están acusados el exjefe del Estado Mayor Flavio Gustavo Arce; el excomandante del Ejército Pastor Mendieta; el excomandante de la Policía Yuri Calderón y el excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman, estos dos últimos prófugos.
Áñez enfrenta otros dos juicios simultáneos, uno el “caso Golpe de Estado I”, por sus actos como presidenta y otros por las muertes ocurridas durante las llamadas masacres de Sacaba y Senkata, donde se reprimió a protestas callejeras.
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