El gobierno de Javier Milei continúa sus políticas de ajuste en el sector de la salud mental, lo que generó un fuerte rechazo en profesionales y residentes de todo el país. La situación más reciente se centra en el recorte de cupos para las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental (RISaM), un programa de formación crucial para la atención integral de los pacientes y que actualmente sufre un vaciamiento que afecta a diversas disciplinas.
El Hospital Nacional Lic. Laura Bonaparte, una de las principales instituciones en este campo, denució la falta de recursos y el impacto negativo que esta medida tendrá sobre el sistema de salud mental. En un comunicado, señalaron que «exigimos la restitución inmediata de cupos y el cese de las políticas de ajuste sobre el sistema de salud». Este vaciamiento afecta tanto a la formación de nuevos profesionales como a la atención a más de 400 pacientes internados, quienes, según los especialistas, verán reducidas las posibilidades de recibir una atención integral.
La crisis en el sistema de residencias afecta especialmente a instituciones como el Hospital Nacional y Comunidad Ramón Carrillo, conocido anteriormente como Colonia Montes de Oca, que recibe a decenas de residentes de diversas disciplinas, como terapia ocupacional, musicoterapia, trabajo social, enfermería, psicología y psiquiatría. A partir de 2025, solo las tres últimas disciplinas recibirán nuevos cupos, mientras que las otras serán desmanteladas.
Con más de 30 RISaM en todo el país, el ajuste del gobierno podría llevar al cierre de muchas de estas residencias o, en el mejor de los casos, a una reducción drástica de su personal. En este contexto, el Ministerio de Salud de Nación argumentó que la RISaM no cumplió con los objetivos para los cuales fue creada, lo que justificaría la eliminación de los cupos. Sin embargo, esta justificación fue rechazada por los profesionales del sector, quienes aseguran que la medida es arbitraria y carece de fundamentos técnicos.
«Con el programa de la RISaM no se llega a cumplir con una formación completa y suficiente para cada una de las disciplinas que la integran, ya que alcanza sólo un 20% de la formación disciplinaria específica», argumentaron desde el Ministerio de Salud. Sin embargo, Macarena García, jefa de residentes en el Hospital Bonaparte, refutó esta afirmación: «Eso no está en ninguna reglamentación o normativa», expresó.
El ajuste en las RISaM no es el único ataque al sector de la salud mental. El gobierno de Milei había propuesto en su Ley Ómnibus la eliminación de normativas clave relacionadas con la salud mental, como la habilitación de internaciones involuntarias y la reapertura de «manicomios». Aunque esta propuesta fue retirada del proyecto de ley, los ataques a los dispositivos comunitarios continúan.
«Lo que dicen del Ministerio de Salud es falso. Este mismo año sacaron los criterios para el Financiamiento Nacional de Residencias 2025 donde se especifican los objetivos que tienen que cumplir las residencias para estar financiadas por Nación. Lo cumplimos al 100%, por eso enviamos una carta donde justificamos -punto por punto- por qué cumplimos todas», señaló García.
Este ajuste no solo afecta a los residentes y profesionales, sino también a los pacientes más vulnerables que dependen de estos dispositivos para su tratamiento. Ante esta situación, los trabajadores del Hospital Bonaparte, junto a otros miembros de las RISaM, llevan adelante un paro total y convocan a diversas medidas de protesta, como el «Festival ResiFest», para exigir la restitución de los cupos y el cese del desmantelamiento del sistema de salud mental.
El cierre de las RISaM, que nació como una respuesta a los traumas causados por la dictadura, simboliza un regreso a un modelo de atención que muchos consideran obsoleto y regresivo. En este sentido, Johanna Ceballos, residente de psicología en el Ramón Carrillo, expresó: «Para nosotros, esto es volver a un paradigma anterior. Sabemos que nuestro lugar en el hospital es tensionar con la visión manicomial sobre la salud mental».
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