«Un país no puede tener una Corte más grande que un equipo de fútbol» esgrimió Mauricio Macri como argumento para oponerse a la ampliación del máximo tribunal de Justicia a 15 integrantes, como propone el Frente de Todos en el Congreso. De fondo se debate el intento de Juntos por el Cambio de mantener el control de los ministros. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires, el partido que gobierna hace quince años amplió y de sobremanera la cantidad de integrantes del Poder Judicial.
El Senado aprobó la semana pasada el proyecto de Oscar Parrilli para aumentar de cuatro a 15 jueces supremos. «Creemos que con la ampliación de los miembros vamos a dar respuesta a este problema inmediato que tenemos de una Corte deslegitimada», confió el neuquino. «Además vamos a poder darle protagonismo a una Corte más federal, representativa, plural», sinceró el legislador ante FM La Patriada.
«Cinco miembros nos parece un número ilógico por la cantidad e importancia de las causas», planteó Parrilli, quien incluyó en la cuenta al reemplazo pendiente de Elena Highton de Nolasco. El senador atendió a la negativa institucional de Juntos por el Cambio a la propuesta al esgrimir que «la impunidad es de la que goza Macri con la Corte Suprema actual«.
El proyecto pasó a Diputados, donde su presidenta, Cecilia Moreau, y el jefe del bloque del oficialismo, Germán Martínez, tendrán la ardua tarea de conseguir los votos necesarios. Pese a la negativa nacional del macrismo, el grueso de los gobernadores se encuentra interesados en poder tomar una porción de la gran torta que representará un tribunal supremo federal. Estas fuerzas opuestas tienen el potencial de generar contradicciones en la oposición a ser aprovechadas por la primera minoría.
En una de sus incesantes metáforas deportivas, el expresidente sentenció ante radio Mitre: «¿Quién va a invertir en un país así? En un país donde vale todo y cree que puede tener una Corte más grande que un equipo de fútbol. No suma y nos condena a la pobreza eterna». Durante la entrevista, el ex presidente omitió el intento de nombrar a dos supremos por decreto de necesidad y urgencia al asumir en 2016.
Como contraste a las declaraciones públicas, en los 15 años de gobierno de Macri y Horacio Rodríguez Larreta, realizaron en la Ciudad de Buenos Aires todo a lo que se oponen en el plano nacional. Lo que ahora se autodenomina Juntos por el Cambio creó y ocupó más de 300 cargos judiciales desde 2007 hasta la actualidad. Esto incluye jueces, fiscales, defensores, asesores y sus respectivos secretarios, de acuerdo a la información pública y resoluciones disponibles en el Boletín Oficial revisadas por el auditor de la Ciudad Lisandro Teszkiewicz.
Entre los puestos más polémicos, se ubica el fuero penal. El macrismo amplió a la Cámara porteña del fuero de 6 a 10 integrantes. Además, los juzgados de primera instancia, que antes eran de faltas y ahora pasaron a penales, los llevó de 24 a 31 miembros.
Aún mayor controversia generó las decisiones del PRO en el fuero contencioso administrativo, que interviene en cada causa donde el Estado de la Ciudad es parte. El PRO duplicó los camaristas de 6 a 12 e incrementó los magistrados de primera instancia de 15 a 27.
La mano del macrismo incluso llegó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde nombraron a tres de los cinco miembros. Larreta colocó a Santiago Otamendi y a Marcela De Langhe, mientras que Macri ascendió a Inés Weinberg de Roca, su actual presidenta.
«A contramano de su discurso público, a lo largo de los 15 años que gobiernan la Ciudad, Macri y Larreta, junto a Elisa Carrió, sostienen una política sistemática y deliberada de ataque al sistema republicano de gobierno», alertó el auditor porteño a DeudaPrometida.com. Lo que describió como «colonización del Poder Judicial» no deja de lado que antes de ser juez, Otamendi se desempeñó como subsecretario de Justicia de Macri.
«De Langhe era la rectora de la Escuela de Policía cuando el jefe de la fuerza de seguridad era (Jorge) ‘El Fino’ Palacios», sumó Teszkiewicz. La luego candidata por el ex jefe de Estado para la Procuración General de la Nación, Weinberg de Roca, aclaró, «es viuda de Eduardo Roca, embajador de la dictadura de Galtieri ante la ONU durante la guerra de Malvinas«.
Mientras que a nivel nacional se debate federalizar un Poder Judicial cuasi unitario, en la Capital el partido que gobernó por tres lustros aprovechó para teñir de amarillo los despachos de los jueces y fiscales. Una corporación adicta a sus superiores para mantener el status quo del poder, en la ciudad donde mayoritariamente reside ese poder. «Esto les da la garantía de impunidad de todos sus negociados y de todos los actos de privatización del patrimonio público que llevan adelante«, sentenció Teszkiewicz.
El costo del status quo
No debatir la ampliación del Poder Judicial para intentar retener el control sobre sus integrantes también trae acompañado el no discutir los privilegios de esta corporación. El costo de que los magistrados no paguen impuesto a las ganancias se compara con la masa monetaria que el Estado recaudó del aporte de las grandes fortunas.
Tal como lo detalló el ministro de Economía, Sergio Massa, en el proyecto de Presupuesto 2023, la exención de ganancias de los jueces asciende a $ 237.850 millones para el año próximo, lo que equivalente al 0,16% del PBI.
«No contemplaría una política pública asociada a este beneficio. Influye negativamente en la equidad, igualdad y progresividad del impuesto con relación al resto de los contribuyentes asalariados», detalló el equipo económico en los anexos. Este gasto representa $ 129.105 millones en 2022.
Cuando el lobby puede más que un derecho humano básico
El costo de que uno de los poderes del Estado no sea electo democráticamente puede perjudicar aún más que monetariamente. También puede impedir que se garantice un derecho humano básico, como sucede desde 2020 con el del acceso a Internet.
El gobierno de Alberto Fernández declaró por DNU la conectividad como una necesidad indiscutida para los 47 millones de habitantes. Pese a que no se declaró la inconstitucionalidad en ningún juzgado del país, las corporaciones frenaron su aplicación plena desde hace dos años.
Sin embargo, esto no cesó la militancia del vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, por el decreto de necesidad y urgencia 690/2020. En el sinnúmero de presentaciones de las telefónicas en pequeños juzgados del país, el organismo encargado de ejecutar la medida intentó rebatirlo. Incluso lo elevó a la Corte Suprema de Justicia.
La connivencia del poder económico con el judicial impidió en todo este tiempo que las familias argentinas puedan gozar de un derecho humano básico. Esto se complementa con partidos políticos que, desde la tercera pata que conforma al Estado, lobean para garantizar las ganancias extraordinarias de las grandes corporaciones.
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