Abandono total: Caputo retuvo más de $1,1 billones que debían destinarse a obras viales

Crece la presión de intendentes y gobernadores por el deterioro de la infraestructura en todo el país.

El deterioro de las rutas nacionales suma un nuevo capítulo de conflicto político. Un grupo de veinte diputados peronistas calculó que el ministro de Economía, Luis Caputo, retuvo $1.165.491 millones correspondientes al Impuesto a los Combustibles que, por ley, debían destinarse a la mejora y mantenimiento de la red vial.

Según el relevamiento, esos fondos hubieran alcanzado para encarar la reparación integral de rutas en mal estado, muchas de las cuales presentan condiciones críticas y ya provocaron accidentes fatales en distintos puntos del país.

El estudio apunta a un incumplimiento de la ley 23.966, que establece que el 28,58% de lo recaudado por ese tributo debe transferirse al Sistema Vial Integrado (Sisvial). Sin embargo, los legisladores sostienen que esos recursos no se giraron y terminaron en otros destinos.

Además, advierten que el superávit fiscal que exhibe el gobierno de Javier Milei se sostiene, en parte, sobre la postergación de obligaciones legales. En ese sentido, remarcan que también existen deudas con proveedores del PAMI que superan los mil millones de dólares. “Algún día alguien va a hacer la cuenta d ela deuda flotante que arrastra Milei y ahí se va a caer la mentira del superávit”, afirmó a LPO uno de los diputados que participó del trabajo.

El informe detalla que la recaudación del impuesto a los combustibles creció con fuerza desde el cambio de gestión. Entre 2023 y 2024 aumentó un 378%, lo que implicaba transferencias por más de $354.000 millones al sistema vial que no se concretaron. En 2025, el tributo volvió a incrementarse un 92% y, según los diputados, el Ministerio de Economía retuvo otros $688.126 millones. A eso se suman $122.530 millones acumulados en los primeros meses de 2026.

El diputado entrerriano Guillermo Michel aseguró que la situación “no se sostiene más” y remarcó que desde el Congreso impulsaron pedidos de informes sin respuesta. “Hemos pedido reuniones con Economía y no hubo avances. El problema es cada vez más grave”, advirtió.

El impacto en el interior resulta directo. Intendentes de distintas provincias vienen denunciando el estado “detonado” de las rutas nacionales y señalan que los reclamos de los vecinos terminan recayendo en los municipios. “Los intendentes son los que están en la trinchera de los problemas”, sostuvo Michel.

Frente a este escenario, jefes comunales de varias localidades organizan un encuentro en Buenos Aires para coordinar una estrategia conjunta de reclamo ante Nación. En paralelo, crece el malestar entre los gobernadores, que evalúan avanzar con acciones coordinadas.

El informe legislativo también señala que parte de los fondos que debían destinarse a infraestructura fueron desviados a colocaciones financieras, en línea con otras decisiones de la política económica actual.

Mientras tanto, en las rutas se repite un mismo panorama: señalización deficiente, banquinas abandonadas y tramos en estado crítico que ponen en riesgo la seguridad vial y complican el transporte de bienes en todo el país.