La Cámara Federal de Casación Penal dispuso que se realicen los juicios orales por las causas Hotesur-Los Sauces, por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero. También reabrió la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán, por presunto encubrimiento. En ambas causas está imputada la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Con los votos de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, de la Sala I, el máximo tribunal penal del país dejó sin efecto los sobreseimientos dictados por los tribunales orales respectivos, según las resoluciones conocidas hoy en los tribunales locales. Sin embargo, esas medidas son apelables ante la Corte Suprema de Justicia.
Causa Hotesur – Los Sauces
En el caso Hotesur-Los Sauces, donde hay imputaciones por asociación ilícita y lavado de dinero en el alquiler de propiedades y hoteles pertenecientes a la familia Kirchner, los jueces revocaron los sobreseimientos dispuestos por el Tribunal Oral Federal 5 a fines de 2021.
No obstante, ratificaron que queda fuera del proceso Florencia Kichner, hija de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, porque tenía 12 años de edad en el momento en que se habrían producido los hechos.
Así, Casación dispuso que vayan a juicio oral la actual Vicepresidenta de la Nación, su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner; Romina Mercado, Patricio Pereyra Arandia, Lázaro Báez, Martín Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares, Leandro Báez, Sabrina Báez, Carlos Sancho, Cristóbal López y Fabián De Sousa, entre otros. Asimismo, se apartó a los jueces del TOF 5 Daniel Obligado y Adrián Grünberg.
Esos jueces habían dicho que los fondos que se habían usado para pagar alquileres de habitaciones en el complejo hotelero -la base de la sospecha de supuesto lavado de dinero- eran de «origen lícito» pues estaban bancarizados y «estuvieron respaldados por normas y decisiones emanadas de organismos oficiales y/o autoridades».
Además, aquellos magistrados habían sostenido que debía aplicarse la ley más benigna, y que hasta 2011 -los hechos investigados habrían ido desde 2008 hasta 2015- el «autolavado» (maniobra para blanquear dinero propio) no estaba contemplado por la ley argentina.
«La apariencia de licitud de los activos estuvo dada desde el primer momento; es decir, desde que se realizaran los traspasos de fondos por las contrataciones de obra pública, licencias o concesiones, o se dispusieran beneficios impositivos o de otro tipo; todos ellos respaldados por la normativa de rigor», habían sostenido Obligado y Grünberg. Los jueces de Casación Barroetaveña y Petrone objetaron ese planteo.
Memorándum con Irán
En cuanto al Memorándum de Entendimiento con Irán firmado en 2013, cuyo objetivo era destrabar la investigación del atentado a la mutual judía AMIA (de 1994, que provocó 85 muertes), Barroetaveña y Petrone también revocaron los sobreseimientos y ordenaron que se haga el juicio oral.
El Tribunal Oral Federal 8 había sobreseído, también en 2021, a la expresidenta y otros consortes de causa que estaban acusados de encubrimiento de aquel atentado. Ahora la Casación resolvió revocar esa medida y ordenó el debate oral y público. También dispuso apartar a los jueces del TOF Daniel Obligado y José Antonio Michilini y a la jueza Gabriela López Iñiguez.
El Memorándum tenía como objetivo, según el Gobierno de entonces, acelerar el esclarecimiento del atentado con, entre otras acciones, interrogar en el exterior a los jerarcas iraníes acusados por la masacre. El acuerdo se aprobó en el Congreso argentino, mientras que Irán lo hizo a través de una medida ejecutiva.
El fallecido fiscal Alberto Nisman denunció a Fernández de Kirchner y otros dirigentes y funcionarios kirchneristas de encubrimiento del atentado a través de este instrumento, pero finalmente los jueces del TOF 8 sostuvieron, en síntesis, que «el Memorándum de Entendimiento con Irán, más allá de que se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó un delito».
Ahora Casación, después de un extenso análisis del caso, señaló que «los defectos de fundamentación en que incurrió el tribunal a quo afectan la garantía constitucional de defensa en juicio que asiste a los recurrentes y, de conformidad con el estándar de arbitrariedad definido por la CSJN, justifican la invalidación de la resolución recurrida».
Los querellantes de la causa son la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y familiares de víctimas de la AMIA. Ellos apelaron los sobreseimientos de los acusados. La DAIA dijo: «No puede considerarse una ‘cuestión política no justiciable’ la suscripción de un Memorándum de Entendimiento. Según la acusación, tenía como finalidad el encubrimiento de los acusados en un atentado terrorista».
«Tal plan criminal -de probarse en juicio obvio- no podría quedar exento de responsabilidad penal, pues no sería una simple decisión de ‘política internacional’. En modo alguno puede considerarse una decisión política ‘válida’ y ‘no justiciable’ la de encubrir a los sindicados como responsables de un atentado terrorista».
Los acusados en la causa del Memorándum fueron Cristina Fernández, Eduardo Antonio Zuain, Carlos Alberto Zannini, Oscar Parrilli, Angelina María Esther Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis Ángel D´Elía, Fernando Esteche, Jorge Alejandro Khalil y Ramón Héctor Allan Bogado.
Tras conocerse el fallo de 77 fojas de Barroetaveña y Petrone, el diputado nacional Leopoldo Moreau (FdT) calificó lo resuelto como «un caso más de justicia a la carta, a gusto del cliente, en este caso el bloque de poder que viene sistemáticamente llevando adelante la persecución política contra Cristina Kirchner».
«Este era un fallo que fue adelantado por Barroetaveña a sus mandantes de La Nación y Clarín», agregó Moreau, y señaló que en el caso particular del Memorándum con Irán lo resuelto por los jueces de Casación «implica subordinarse a una falacia inventada por los fondos buitres encabezados por Paul Singer».
«Singer fue quien en 2015 movió sus hilos en la justicia y el periodismo argentino para desplazar a Cristina con tal de cobrar lo que ya le habían regalado los jueces de la Corte de EEUU, que él había coimeado», completó Moreau en declaraciones a Télam.
La exmandataria fue condenada en diciembre pasado a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el Tribunal Oral Federal 2 en el marco de la causa Vialidad, sobre la obra pública en Santa Cruz.
La expresidenta apeló ese fallo en abril último a través de un escrito de 395 páginas firmado por sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, quienes advirtieron que el veredicto del TOF 2 no contaba «con pruebas directas» y que se fundó «en una serie de circunstancias que los magistrados calificaron como indicios».
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