Milei blinda a la casta: la reforma política y la constitución de una partidocracia

Por Eduardo Sartelli.-

El centro de la vida política argentina está ocupado por los partidos políticos. Según la Constitución Nacional, los partidos son “instituciones fundamentales del sistema democrático” y, en tanto tales, tienen el monopolio de la representación. Son, de hecho, aparatos del Estado, que los sostiene económicamente y les garantiza el acceso a medios de comunicación. Es más, el mismo proceso electoral sería imposible sin su presencia, tanto para garantizar como para mantener el orden en los comicios. Lo que quiere decir que no hay posibilidad alguna de participar en las elecciones sin un partido político. No existe, como en México, Colombia o Chile, por dar ejemplos latinoamericanos, la posibilidad de presentarse como candidato independiente. En estos países, los candidatos sin partido deben constituir una sociedad civil y recolectar firmas equivalentes a un porcentaje del padrón electoral, que suele ser alto, pero, en cualquier caso, mucho más sencillo que constituir un partido.

Armar un partido nuevo, desde cero en Argentina supone una arquitectura complicada y un esfuerzo militante desproporcionado. Para poder participar de una elección nacional se necesitan 20.000 afiliados repartidos en al menos cinco provincias. Primero hay que conseguir “adhesiones”, es decir, una cantidad similar de personas que manifiesten su acuerdo con que el partido exista. Para completar la tarea, además de las cuestiones más obvias, como nombre, acta de fundación, declaración de principios, carta orgánica, autoridades, etc., se necesitan las afiliaciones, que son aparte de las adhesiones. En ambos casos, la persona no solo debe completar una ficha, sino que debe aportar la fotocopia de su documento, cuestión que suele generar más obstáculos que la diferencia de ideas. Aunque no se crea, es todavía peor para distritos menores: armar un partido para competir por una intendencia es casi imposible.

Obviamente, conseguir el objetivo final no es sinónimo de estabilidad y continuidad. Si el partido no se presenta a dos elecciones seguidas, caduca. Si no alcanza el 1,5% de los votos emitidos en las primarias, no pasa a la elección general. Si no alcanza el 2% del padrón en un distrito durante más de una elección pierde la personería en ese distrito y si cae por debajo de los cinco obligatorios como mínimo, la nacional. Dado que los partidos son fuentes de ingresos y que no puede uno presentarse a elecciones sin uno de ellos, la “propiedad” de un sello partidario habilitado se transforma en un verdadero negocio.

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El asunto bordea el escándalo. Unite, el sello de José Bonacci (en rigor, Unite por la Libertad y la Dignidad), vino a salvar a José Luis Espert cuando este iba a competir en provincia de Buenos Aires con otro sello, UNIR, de Alberto Asseff. Macri, para evitar que Espert le quitara votos a Juntos por el Cambio, negoció con Asseff, quien dejó abandonado al hasta entonces candidato principal de UNIR. Espert, un liberal partidario del aborto, terminó negociando con Bonacci, pañuelo celeste. Bonacci impondría a su esposa como primera candidata a diputada por Santa Fe, exigencia que se repitió cuando su sello sirvió de plataforma a Milei, en este caso, colocando en la lista a su hija. Muy celeste y todo, Unite incorporó a su historial electoral a Cinthia Fernández, que no logró superar las PASO a pesar del interés que generó su baile en portaligas frente al Congreso. “Alquilar” un sello no solo ayuda a conseguir lugares en las listas de un candidato con posibilidades, sino que suele permitir al “locador” controlar los fondos que aporta el Estado para la impresión de boletas y otros gastos, una suma más que cuantiosa. No se excluye el pago de cuantiosas sumas “en negro” para poder usar el sello, práctica que, por supuesto, nunca se hace pública.

Estas dificultades son las que hacen que los partidos más chicos tengan que agruparse, so pena de dejar de existir o no participar en las elecciones reales, es decir, las que vienen después de las PASO. El sistema de partidos tiene muchas más “trampas” que hacen difícil la aparición de nuevas propuestas. Obviamente, la crisis de representación en la que estamos metidos desde finales de los años ’90 y que se agudizaron luego del 2001, es, en el fondo, una crisis de los partidos políticos como guardianes del orden, un filtro indispensable a cualquier veleidad del electorado. La llegada al gobierno de Milei expresa claramente ambas cosas: que la crisis del sistema político puede proyectar “outsiders” pese a todo lo que hemos dicho; que todo aquel que llega al gobierno, por adentro o por afuera del sistema de partidos, está dispuesto a “patear la escalera” y evitar imitadores que lo amenacen con las mismas armas. Esto explica que el más audaz y exitoso de los “outsiders”, Javier Milei, intente conjurar su propia crisis política reforzando el sistema que él mismo tuvo que desafiar para llegar al poder.

La propuesta de reforma política de Milei contiene varios elementos importantes. Acá nos restringimos a lo que venimos hablando, es decir, lo que se necesita para formar y sostener un partido político. En este punto, busca elevar la cantidad mínima de afiliados y elevar el porcentaje de votos para mantenerse en pie. Esto se justifica como un ataque a los “sellos de goma”, pero implica, en realidad, un reforzamiento de la casta política en tanto hace más difícil el ingreso y la permanencia de partidos chicos o nuevos. En el sistema político de Milei, el opresivo sistema de partidos, ya un obstáculo para la fluidez de la democracia, se transforma en una partidocracia centrada en unos pocos grandes aparatos electorales. El resultado es una nueva expropiación de las masas. En el país de Milei, en Belindia, se sabe, solo quedan los “eficientes”, el resto se funde. Ahora, además de quedar afuera de la economía productiva, también quedarán afuera de la vida política.