En un movimiento que encendió alarmas en el ámbito periodístico, la administración de Javier Milei restringió el acceso a la Casa Rosada a todos los trabajadores de prensa acreditados, dejando sin funcionamiento la sala destinada a la cobertura diaria.
La medida se implementó de forma sorpresiva este jueves, cuando los periodistas que habitualmente ingresan mediante sistema biométrico se encontraron con las puertas cerradas. El episodio coincidió con la visita del empresario tecnológico Peter Thiel, referente global del mundo libertario y vinculado a desarrollos en inteligencia digital.
Aunque desde el Gobierno explicaron que se trató de una cuestión formal vinculada al vencimiento de credenciales a fines de marzo —cuya extensión había sido provisoria—, en el sector interpretaron la decisión como parte de una política más amplia de control sobre la actividad periodística.
El trasfondo del conflicto incluye episodios recientes. Días atrás, algunas redacciones ya habían sido sancionadas con la pérdida temporal de acreditaciones a partir de un informe oficial sobre supuestas maniobras de propaganda extranjera orientadas a desestabilizar la gestión.
En paralelo, otro hecho generó tensión puertas adentro de Balcarce 50: la circulación de imágenes grabadas sin autorización en los pasillos del edificio. Según versiones que circularon en el ámbito oficial, el registro habría sido realizado con lentes con cámara incorporada, lo que habría acelerado la decisión de endurecer las condiciones de acceso.
La reacción del Ejecutivo no se limitó a lo administrativo. También impulsó una denuncia penal contra los periodistas Ignacio Salerno y Luciana Geuna, en un contexto donde el propio Presidente elevó el tono y los calificó como «basuras repugnantes».
En ese marco, además, comenzaron a tomar fuerza versiones sobre un posible proyecto oficial para exigir a periodistas la presentación de declaraciones juradas, una iniciativa que profundizaría el nivel de intervención estatal sobre la actividad.
El cierre del acceso a la Casa Rosada para la prensa marca un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y los medios, atravesada por conflictos, acusaciones y decisiones que generan preocupación en el sector.
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