La Justicia volvió a frenar a Milei y Pettovello: obliga a sostener el plan Volver al Trabajo

La Justicia federal dictó una medida cautelar que deja sin efecto, al menos de manera provisoria, la eliminación del programa Volver al Trabajo impulsada por el Gobierno nacional. La resolución obliga al Ministerio de Capital Humano a garantizar la continuidad del beneficio económico que alcanzaba a cientos de miles de personas en situación de vulnerabilidad.

La decisión surgió tras un amparo colectivo presentado por beneficiarios del plan, quienes denunciaron que el recorte los dejaba sin una fuente esencial de ingresos. El programa otorgaba $78.000 mensuales a cerca de 900 mil trabajadores informales que participaban en actividades de formación, proyectos productivos o tareas comunitarias.

«Hacer lugar a la medida cautelar impetrada por la parte actora y ordenar al Estado Nacional-Ministerio de Capital Humano que mantenga la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo, dentro del plazo de tres (3) días de notificada la presente y hasta que se dicte sentencia definitiva, debiendo acompañar en autos las constancias de su cumplimiento bajo apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de retardo», establece el fallo del Juzgado Federal de Campana.

El juez Adrián González Charvay cuestionó la forma en que se aplicó la medida oficial y advirtió que la interrupción del programa implicó un corte inmediato sin alternativas concretas. Según sostuvo, la cartera que conduce Sandra Pettovello no diseñó mecanismos eficaces para reemplazar ese ingreso en sectores ya atravesados por condiciones de alta precariedad.

«La asignación mensual monetaria prevista en la norma en trato se manifiesta como una previsión con profundo contenido social y, los cambios abruptos en sus circunstancias pueden hacer que, en lo inmediato, la solución legal correcta en su comienzo se torne ahora con su culminación, arbitraria e irrazonable», agrega la resolución.

En ese sentido, el magistrado también puso en duda la política oficial de reemplazar el programa con vouchers de capacitación. Consideró que esa alternativa no compensa la pérdida del ingreso directo que recibían los beneficiarios.

«La referencia genérica de vouchers de capacitación, no aparece como una medida equivalente a las prestaciones monetarias que sus beneficiarios, personas en condición de vulnerabilidad, venían recibiendo, ni que éstos logren cubrir las prestaciones básicas que aquellas asignaciones mensuales atendían», añade la resolución.

El conflicto había escalado en las últimas semanas con protestas de organizaciones sociales, entre ellas la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que se movilizó bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”. Las manifestaciones incluyeron reclamos frente a la vivienda del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en rechazo al ajuste sobre los programas sociales.

El amparo fue impulsado por un grupo de beneficiarios que actuó en representación de quienes dependen de este ingreso. En la presentación judicial, argumentaron que la eliminación del plan constituye una medida regresiva en términos de derechos sociales y que afecta a un universo de trabajadores sin inserción formal, que encuentran en este tipo de políticas un sostén indispensable para subsistir.