Los responsables de la operación declararon ante la Justicia que la propiedad en Caballito se ofrecía originalmente a u$s 340.000, frente a los u$s 230.000 declarados por el funcionario. Calificaron como «poco frecuente» el pago en cuotas sin interés y advirtieron que las refacciones habían elevado el valor del inmueble.