Kicillof avanza en la Corte por una deuda millonaria de Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a presentarse ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de la disputa con el Gobierno nacional por una deuda previsional que supera los $2,3 billones. La audiencia dejó un compromiso concreto: la administración central deberá acercar una propuesta de pago el próximo 10 de junio.

El reclamo apunta directamente contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), por la interrupción de transferencias que corresponden a cajas jubilatorias provinciales que no fueron transferidas a la órbita nacional. Según la gestión bonaerense, esos envíos son obligatorios y su suspensión profundizó el deterioro financiero.

Tras el encuentro, Kicillof remarcó: “Lo que discutimos hoy en la Corte Suprema es la deuda de 2,3 billones de pesos por las cajas de jubilados no transferidas por el Gobierno nacional. Logramos un compromiso: el Ministerio de Economía de la Nación y ANSES deberán traer el próximo 10 de junio una propuesta concreta de pago, algo que venimos solicitando hace más de dos años”.

La presentación forma parte de un paquete más amplio de litigios. Desde la Provincia sostienen que existen al menos ocho causas abiertas contra el Estado nacional que, en conjunto, superan los $15 billones. El monto, según advirtieron, equivale a cerca de un tercio del presupuesto anual bonaerense.

En ese sentido, el mandatario provincial apuntó contra la política económica del Ejecutivo nacional y su impacto en las jurisdicciones: “La Provincia tiene en total ocho reclamos presentados ante la Corte Suprema de Justicia por distintas deudas que totalizan más de $15 billones: es una cifra inmensa, que representa un tercio del presupuesto sancionado para este año”. Y agregó: “Todo esto se suma a un contexto muy complejo, producto de un Gobierno nacional que provocó una enorme presión sobre todas las provincias y los municipios: además de cortar de cuajo los fondos desde que asumió, con sus políticas económicas generó una crisis que aumentó exponencialmente las necesidades del pueblo”.

Además del conflicto previsional, la administración bonaerense inició demandas por la quita o reducción de recursos vinculados a áreas sensibles como seguridad, transporte, educación y políticas ambientales. Entre los puntos cuestionados aparecen la eliminación de programas de financiamiento, la interrupción de fondos específicos y el incumplimiento de acuerdos fiscales firmados en años anteriores.

La audiencia contó también con la presencia del ministro de Economía provincial, Pablo López, el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, el fiscal de Estado, Hernán Gómez, y la titular del Instituto de Previsión Social, Marina Moretti.