Un escándalo por millones de dólares pone en jaque a un gobernador libertario

Un conflicto por la explotación de un campo público en San Luis abrió una causa judicial que involucra a funcionarios del gobierno de Claudio Poggi, tras la desaparición de una cosecha de maíz valuada en millones de dólares. Mientras productores denuncian un posible desvío de fondos, desde la administración provincial admiten irregularidades, pero descartan la existencia de un fraude.

El terreno en cuestión, de unas 2 mil hectáreas, pertenece al Estado provincial y había sido cedido años atrás a la firma El Caburé SA para un proyecto de cría equina que nunca se concretó. Aunque en 2017 se ordenó la restitución del predio, la empresa continuó utilizándolo mediante distintos acuerdos informales hasta que la actual gestión avanzó con su recuperación efectiva.

Desde el gobierno sostienen que se trató de la recuperación de un bien público ante el incumplimiento de un privado, y no de una expropiación. La toma de posesión quedó bajo la órbita de la Secretaría de Ética Pública, a través del funcionario Darío Oviedo.

El problema surgió cuando, ya bajo control estatal, se detectó una cosecha en desarrollo. Oviedo intervino en la recolección y posterior comercialización del maíz, pero sin respaldo administrativo suficiente, lo que encendió las alarmas. La propia administración reconoció fallas en los procedimientos y avanzó con su desplazamiento, además de impulsar una denuncia penal en su contra.

«La cosecha no se realizó contra ningún contrato homologado y no hay documental que acredite cuánto ni cómo se cosechó», reconocieron las fuentes.

La investigación judicial no se detuvo allí. Productores agropecuarios que llevaron el caso a la Justicia apuntaron también contra el entonces responsable del área, Ricardo Bazla, quien terminó imputado por el fiscal Leandro Estrada y presentó su renuncia.

Bazla enfrenta cargos por peculado, falsedad ideológica, falsificación de instrumento público, estafa procesal, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad, en una causa que escala en complejidad a medida que avanza.

En paralelo, quienes denunciaron la maniobra estiman que la comercialización del maíz habría generado ingresos cercanos a los 2 millones de dólares. Esa cifra es rechazada por el oficialismo provincial, que asegura que los ingresos no alcanzaron siquiera a cubrir los costos operativos de la cosecha, apoyándose en el testimonio del contratista que realizó los trabajos.

Los denunciantes, por su parte, advierten sobre presuntas presiones a testigos en el marco de la causa, lo que suma tensión a un caso que ya golpea de lleno a la estructura del gobierno puntano.

*Con información de LPO.