Sin fondos y con salarios pulverizados, las universidades arrancan con paro

Las universidades nacionales arrancan el año académico con conflicto. Los gremios docentes y no docentes definieron un paro de una semana que impide el inicio normal del primer cuatrimestre y anticiparon un plan de lucha que podría extenderse durante todo el semestre.

La medida, impulsada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y acompañada por otros sindicatos del sector, se basa en el reclamo de recomposición salarial y en la exigencia de que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario vigente. Según las organizaciones gremiales, los aumentos otorgados por el Ejecutivo quedan muy lejos de lo establecido por esa normativa.

El conflicto gira en torno a los recursos destinados al sistema universitario. Rectores de todo el país habían planteado que las casas de estudio necesitan alrededor de 7,2 billones de pesos para sostener su funcionamiento, mientras que la propuesta presupuestaria del Gobierno contempló 4,8 billones. Además, los trabajadores del sector reclaman una actualización salarial superior al 50%, mientras que la iniciativa oficial buscaría reemplazar la ley vigente por otra que sólo habilitaría incrementos cercanos al 12%.

En este contexto, las primeras jornadas del cuatrimestre transcurren con aulas vacías en distintas universidades del país. Entre autoridades académicas y gremios circula la preocupación por la continuidad del calendario académico y por la posibilidad de que el conflicto escale hacia una huelga prolongada. También comienza a tomar forma la idea de convocar a una nueva marcha federal universitaria, prevista para el 23 de abril.

La tensión entre el sistema universitario y el Gobierno nacional se arrastra desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Durante el primer año de mandato se registraron varias movilizaciones masivas en defensa de la educación pública. En paralelo, el Congreso aprobó dos leyes orientadas a garantizar el financiamiento del sector y mejorar los salarios. El Presidente vetó ambas iniciativas, aunque el segundo veto terminó rechazado por el Parlamento, lo que dejó vigente la norma.

Ante el incumplimiento de esa legislación, universidades y sindicatos recurrieron a la Justicia. Un juzgado dictó una medida cautelar que obliga al Ejecutivo a aplicar la ley, pero el Gobierno presentó una apelación que mantiene el proceso abierto.

Mientras tanto, en el Congreso el oficialismo impulsa una modificación de la normativa vigente para reducir el impacto presupuestario que implicaría su cumplimiento. Esa reforma, según advierten desde el sistema universitario, implicaría reemplazar la recomposición salarial cercana al 50% prevista por la ley actual por aumentos que rondarían el 12% en cuotas.

«La situación es más que grave, no solo por la negativa del gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento, sino también por la amenaza que sobrevuela y que apunta a la modificatoria de esa norma. Hoy el oficialismo cuenta con una mayoría de diputados y senadores, por eso no tengo mucha expectativa de que el Congreso rechace la modificación“, señaló Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue.

Y agregó: “Tenemos un gobierno nacional que solo cumple aquellas leyes que le gustan y las que no, las suspende, las modifica y las niega. Con ello, se desentiende del criterio de representatividad que tiene el Poder Legislativo”.

Desde la Universidad de Buenos Aires también manifestaron preocupación por el escenario que atraviesa el sistema. “El miércoles, el Consejo Superior de la UBA sacó una resolución de manera unánime en la que se reclama de manera inmediata la implementación de la Ley de Financiamiento. Este lunes hay paro de los gremios docentes y no docentes, y a partir de aquí lo que sigue son medidas de fuerza permanentes. Desde nuestro lado, seguiremos visibilizando la situación“, explicó Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

El dirigente académico cuestionó además el proyecto oficial para modificar la normativa vigente: «También pedimos a la justicia que conteste de una vez la apelación del Gobierno. Manifestamos nuestro total rechazo a la modificación de la Ley de Fnanciamiento que el Gobierno busca llevar adelante. Esa norma nos daría un 51 por ciento de incremento salarial, recompone los gastos de funcionamiento y la actualización de los hospitales universitarios; mientras que la modificación que intenta el Gobierno plantea apenas un 12,3 por ciento de aumento, en tres cuotas de 4 por ciento, que ya fueron comidas por la inflación de enero y febrero. Es un absurdo total, por eso les pedimos a los legisladores que rechacen esa propuesta“.

El deterioro salarial aparece como uno de los puntos centrales del conflicto. De acuerdo con datos gremiales, alrededor del 10% de los docentes universitarios abandonó sus cargos en el último tiempo. Además, siete de cada diez profesores cuentan con dedicación simple y perciben salarios cercanos a los 250 mil pesos mensuales.

«La situación de la docencia universitaria es de una gravedad inédita, con una pérdida salarial del orden del 51 por ciento. En este marco, iniciamos el ciclo lectivo con medidas fuertes: una semana de paro que se realizará en las universidades de todo el país y que marca el comienzo de un plan de lucha que se irá profundizando, y que tiene por objetivo el efectivo cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, vigente hace cinco meses, ratificada por el Poder Judicial y votada varias veces por el parlamento», sostuvo Clara Chevalier, secretaria general de Conadu.

El cronograma gremial incluye nuevas huelgas de una semana a partir del 30 de marzo y del 27 de abril. En paralelo, los sindicatos universitarios preparan una movilización federal para el 23 de abril que buscará repetir las masivas protestas que marcaron el primer año de gestión libertaria.

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