La presión de los precios sobre los ingresos familiares empieza a modificar el mercado laboral. Cada vez más jubilados vuelven a buscar empleo para complementar ingresos que ya no alcanzan para cubrir gastos básicos. En paralelo, el Estado retrasa pagos a empresas y proveedores para sostener el equilibrio fiscal.
Datos oficiales muestran que la participación laboral entre personas mayores de 66 años creció 11% en un año, según estimaciones elaboradas a partir de cifras del INDEC. El fenómeno refleja la caída del poder adquisitivo y la dificultad de muchas familias para sostener su nivel de vida.
Al mismo tiempo, distintos indicadores económicos muestran un deterioro del frente social. Las encuestas de opinión ubican la pérdida de ingresos y el temor al desempleo entre las principales preocupaciones de la población.
Más jubilados buscan ingresos para sobrevivir
La dinámica del mercado laboral empezó a mostrar un cambio llamativo. El incremento de la actividad entre adultos mayores aparece como una respuesta directa a la caída de ingresos en los hogares.
El informe del Instituto Argentina Grande (IAG), que analizó datos del INDEC, describe el fenómeno como una búsqueda de ingresos “supervivencial”.
El abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano explicó el proceso de la siguiente manera: “En los contextos de recesión o caída de ingresos se da el fenómeno de trabajador adicional, jóvenes que dejan de estudiar para salir a trabajar y sumar ingresos en el hogar, pero cuando las caídas son repetidas y profundas se da este otro fenómeno, trabajador adicional pero en mayores. Son personas que necesitan seguir trabajando porque a la caída de los salarios se le suma la pérdida del poder de compra de las jubilaciones”.
El mismo estudio también detectó un crecimiento del llamado desempleo encubierto, que incluye a personas con ocupaciones de pocas horas o con ingresos muy bajos. Ese indicador llegó al 13,8%, más del doble de la tasa de desempleo oficial. Entre jubilados, el aumento alcanzó 34,1% interanual.
Empleo, deuda familiar y salarios que no alcanzan
El deterioro del mercado laboral no se limita a los adultos mayores. En diciembre se registró una pérdida de 12.339 puestos de trabajo en el sector privado formal, de acuerdo con datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, las bajas netas en ese segmento superan los 200.000 empleos.
El impacto también se observa en el sistema financiero. La morosidad de los hogares crece desde hace quince meses consecutivos y en enero alcanzó el nivel más alto en veinte años, según un informe de la consultora 1816. El reporte señala que el incremento del atraso en pagos se registró en la totalidad de las principales entidades bancarias y también en las billeteras digitales.
Mientras tanto, la inflación mensual continúa por encima de la pauta salarial del 1% que fijó el ministro de Economía, Luis Caputo, una diferencia que especialistas consideran incompatible con una recuperación real de los ingresos.
Menos recaudación y atrasos en pagos del Estado
La combinación de inflación persistente, caída del consumo y deterioro del crédito genera un efecto en cadena sobre la actividad económica. Con menor gasto en los hogares, la recaudación impositiva también pierde fuerza y el Gobierno enfrenta mayores dificultades para sostener el superávit fiscal.
Frente a ese escenario, la administración nacional volvió a recurrir a una práctica habitual en épocas de ajuste: retrasar pagos del Estado.
En febrero casi todas las partidas del gasto público registraron una caída real, con excepción del pago de intereses de la deuda. Pero el margen para seguir recortando se achica, por lo que el Gobierno empezó a demorar transferencias y obligaciones pendientes.
Entre los casos detectados aparece el atraso en reintegros a exportadores. Empresas del sector aseguran que los pagos dejaron de llegar en tiempo y forma. “Estaban devolviendo todos los meses, pero ni en febrero ni en marzo nos hicieron depósito pese a que hay devoluciones generadas”, señaló a Ámbito una compañía industrial.
También se registran demoras con contratistas vinculados a la obra pública y con proveedores del sistema de salud, un área especialmente sensible.
En ese contexto, la consigna “No hay plata”, instalada por el Presidente al inicio de su gestión, empieza a generar tensiones entre empresas y prestadores que dependen de pagos del Estado.
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