La Asociación del Fútbol Argentino salió al cruce de la Inspección General de Justicia con un documento de alto voltaje político e institucional. En el texto, la conducción que encabeza Claudio Chiqui Tapia rechazó la veeduría dispuesta por el organismo estatal, sostuvo que la medida encubre una sanción encubierta y la vinculó con una estrategia del gobierno de Javier Milei para avanzar sobre el modelo de clubes y habilitar las Sociedades Anónimas Deportivas.
El comunicado apareció como respuesta directa al informe de la IGJ, que presentó la veeduría como una acción administrativa sin efectos punitivos. Desde la AFA cuestionaron esa definición y marcaron una contradicción central: el propio organismo de control habló de “graves irregularidades” mientras negó que exista una sanción. Para la dirigencia del fútbol, esa combinación vacía de sentido el argumento oficial y deja expuesta una utilización política de las herramientas de fiscalización.
En ese marco, la AFA negó las acusaciones sobre balances supuestamente ausentes y explicó que los estados contables entre 2017 y 2024 se encuentran dentro de los circuitos administrativos habituales, con observaciones aún en trámite. También defendió el cambio de domicilio legal a la provincia de Buenos Aires y rechazó la idea de una “sede falsa”, al remarcar que la mudanza cuenta con aval de la autoridad provincial competente.
Uno de los pasajes más duros del texto recuperó un antecedente que, según la entidad, la IGJ omitió considerar. La AFA recordó la intervención al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, que presidía Patricia Bullrich, y que la Justicia anuló por violar el debido proceso. Para Tapia, el libreto actual repite aquella metodología: sospechas amplificadas, medidas excepcionales y un desenlace que ya recibió un freno judicial.
El documento también puso el foco en el trasfondo político del conflicto. La AFA interpretó que la frase de la IGJ sobre “la nueva Argentina” expone un objetivo que excede el control administrativo y apunta a debilitar a la principal estructura que defiende a los clubes como asociaciones civiles. En ese contexto, la entidad se ubicó en el centro de una disputa entre Nación y Provincia que, a su entender, nada tiene que ver con la transparencia institucional.
Lejos de retroceder, la conducción del fútbol adelantó que avanzará por la vía judicial para frenar la veeduría y llevará el planteo, si hace falta, hasta la Corte Suprema. El cierre del comunicado reforzó un mensaje identitario que atraviesa todo el conflicto: el rechazo a la mercantilización del deporte y la defensa del fútbol como patrimonio social.
“El fútbol argentino es del pueblo. Y el pueblo no se vende”.
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