Por Jonathan Bastida*
Esta semana el gobierno nacional oficializó la progresiva eliminación de los aranceles para la importación de celulares, pasando del 16% actual a un eventual 0%. La primera fase del plan ya los reduciría al 8%. Esta medida la tenemos que ver en el contexto más general de apertura a las importaciones de bienes de consumo final que se viene habilitando desde fines del año pasado con el famoso “puerta a puerta” y las compras internacionales.
A raíz de estos anuncios, el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego vuelve a estar en el ojo de la tormenta, en la medida que es allí donde se radica la principal producción de celulares y de la industria electrónica en general. Frente a esto, solemos encontrar dos propuestas incompatibles entre sí: por un lado, la solución liberal según la cual hay que abrir por completo las importaciones y que se funda quien se tenga que fundir, sin importar el tendal de desempleados; por otro, la propuesta peronista que sostiene que hay que darle más vuelo a ese régimen porque hay que cuidar el “trabajo argentino”. El problema de estas dos vías es que si la primera es un acto de fe que nos pide que nos tiremos a un precipicio, la segunda nos pide que sigamos alimentando a una burguesía trucha que solo sobrevive a costa de comerse el país.
Los números irracionales
Según el Ministerio de Economía, los gastos tributarios estimados del Régimen de Tierra del Fuego para este año 2025 (es decir, la plata que el Estado se pierde de recaudar por no cobrar impuestos) equivalen a 1.348.412 millones de pesos de los cuales los celulares se llevan aproximadamente la mitad. Las exenciones se reparten entre liberación del IVA ($715.833 millones), exenciones en Impuesto a las Ganancias ($228.898 millones) y Derechos de Importación ($165.645 millones), entre otros ($238.034 millones). Y eso que no mencionamos otros subsidios como, por ejemplo, los destinados a la energía. Aún con estos beneficios fiscales hay productos que salen entre el doble y triple respecto del precio de sus pares producidos en el exterior. El resultado es una industria que consume los dólares que generan otros sectores y no consigue los suyos propios.
Es un triple esfuerzo (fiscal, cambiario y salarial) el que hace el conjunto de la clase obrera argentina con el fin de sostener esa estructura ¿Cuáles son los argumentos a favor de sostener semejante agujero? Uno de los más esgrimidos es el relacionado con la generación de puestos de trabajo. Seamos serios, hoy se emplean de forma directa e indirecta 15.000 trabajadores en la industria electrónica fueguina. Saldría mucho más barato darles directamente la plata a esos obreros que seguir pagando el régimen en su conjunto. Y no es un decir: si a cada uno le regaláramos 2 palos por mes sin hacer nada a cambio, el Estado nacional gastaría solo el 26% de lo que hoy gasta anualmente. No es que estemos proponiendo esto pero es necesario exponer la irracionalidad de la situación actual, sostenida para garantizar los negocios de las dos principales empresas de la isla: Mirgor (fundada por Mauricio Macri y Nicolás Caputo) y Newsan (propiedad de la Rubén Cherñajovsky).
Tampoco es que el sector manufacturero fueguino tenga alguna perspectiva de desarrollo. El régimen de promoción económica existe hace más de 50 años y lo único que consiguió fue montar allí una red de talleres ensambladores de partes importadas. Y justamente por eso no generó ningún eslabonamiento hacia arriba ni hacia abajo. No existe una red de proveedores locales de insumos ya que prácticamente todo es importado. Por eso la medida no hace mucho ruido entre la propia burguesía. No hay detrás de las ensambladoras grandes sectores que se vayan a fundir por las importaciones de celulares. Por otro lado, las que hoy arman las partes importadas no tendrán problemas en convertirse en importadoras como ya pasó con las notebooks durante el macrismo. Cuando Macri bajó a 0% los aranceles en el año 2017, la empresa Newsan cerró plantas y se convirtió en importadora neta de portátiles. Cuando Alberto Fernández les dio plata, volvieron a abrir algunas líneas de producción. Solo fueron los trabajadores lo que tomaron cartas en el asunto al decretar un paro general en la provincia porque son los únicos afectados realmente por la apertura
Algo que no se nos puede pasar es que Milei les ofreció algo como prenda de cambio a estos empresarios que es la posibilidad de vender vía Courier, un puerta a puerta, toda la amplia de productor armados en la provincia, reduciendo costos de intermediación. De hecho, hace unos días el CEO de Mirgor sacó un comunicado festejando las ventajas de esta medida para ampliar su negocio.
¿Bajamos la persiana?
Es claro que él régimen de promoción es costoso de mantener en términos fiscales y cambiarios así como en el costo que tienen sus productos para nuestros bolsillos. También es cierto que solo beneficia a dos empresas. Pero el problema es que no se puede cerrar sin más. Hay muchos trabajadores y sus familias que dependen de esta estructura para sobrevivir. Esto se resuelve con una planificación seria de la economía. Desde el vamos, no tiene ninguna viabilidad montar una industria en una isla austral desierta a más de 3.000 kilómetros de su mercado consumidor. Por más antipático que suene, no todas las provincias tienen que tener lo mismo. Quizás lo más viable para Tierra del Fuego sea la pesca, la cría de salmónidos y el turismo. Para que eso funcione el Estado nacional tiene que llevar adelantes una serie de importantes inversiones en infraestructura y si es necesario hacerse cargo del negocio de la piscicultura, al menos parcialmente ¿Entonces nos resignamos a no tener industria electrónica? No, todo lo contrario. Con una planificación seria se pueden construir grandes polos tecnológicos-industriales-educativos en las cercanías de las grandes ciudades del país. Pero no para ensamblar rompecabezas como hasta ahora sino para producir localmente y a una escala gigantesca bienes de alta complejidad. Para eso no alcanza simplemente con más Estado sino con la planificación económica sobre la base de las necesidades de todos los habitantes del país y no de un grupo de empresarios.
*Por Jonathan Bastida (docente e investigador del CEICS).
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