El Gobierno de Javier Milei sigue profundizando su enfrentamiento con las políticas de memoria, verdad y justicia, y en este marco, decidió avanzar con una auditoría que, según advierten los trabajadores, pone en riesgo el funcionamiento de la ex ESMA. El Ministerio de Justicia anunció que, como parte de la auditoría, suspenderán por 60 días las transferencias al ente encargado de administrar este espacio de memoria. Esta medida podría llevar al congelamiento de los sueldos de los empleados y a una parálisis de las actividades que se desarrollan en el predio.
La ex ESMA, ubicada en Avenida del Libertador 8151, es desde hace más de dos décadas un lugar clave en la lucha por la memoria histórica en Argentina. Tras la decisión de Néstor Kirchner de sacar a la Marina del lugar en 2004, este antiguo centro clandestino de detención se convirtió en un espacio de memoria y un sitio de reflexión sobre los crímenes de la dictadura. En el predio funcionan la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) y el Museo del Sitio, donde se recuerda a las miles de víctimas del terrorismo de Estado.
Congelamiento de fondos y consecuencias para los trabajadores
El 1 de abril, el subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia, Juan Cruz Montero, firmó una resolución que confirma la suspensión de transferencias al ente de administración de la ex ESMA. La medida, que tiene como justificación una auditoría, pone en una situación crítica a los trabajadores del espacio, ya que se les informó que hay solo 267.603 pesos disponibles en las cuentas, lo que dificulta el pago de salarios. En respuesta a la situación, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un cese de actividades durante el fin de semana y a una asamblea para el lunes, con el objetivo de decidir los pasos a seguir frente a este grave recorte.
La decisión de congelar los fondos también compromete el mantenimiento de las instalaciones y las actividades educativas y de memoria que se realizan en el predio, lo que pone en duda el futuro del lugar. Los trabajadores y los organismos de derechos humanos temen que esta medida tenga efectos devastadores sobre el funcionamiento del sitio, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 2023.
El antecedente de las auditorías del Gobierno
No es la primera vez que el Gobierno de Milei recurre a la figura de la auditoría para intervenir en temas vinculados a la memoria histórica. En 2024, el Ministerio de Justicia impulsó una auditoría similar para suspender el pago de las reparaciones a las víctimas del terrorismo de Estado, bajo la excusa de una presunta estafa que nunca se comprobó. Este tipo de medidas, que buscan deslegitimar las políticas de derechos humanos, se han convertido en una constante en la gestión de Cúneo Libarona, quien al mismo tiempo ha impulsado una narrativa revisionista sobre los crímenes de la dictadura.
La ex ESMA en el centro de la disputa política
La ex ESMA se convirtió en un terreno de lucha política, donde las distintas posturas sobre el pasado reciente del país se enfrentan abiertamente. A principios de este año, el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, ordenó la suspensión de actividades en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, lo que fue interpretado como un intento más de vaciar de contenido los espacios dedicados a la memoria y los derechos humanos. En otro gesto simbólico, se suspendió un recital del artista Milo J y la presentación de un libro en Mar del Plata, todo bajo el argumento de que no contaban con la autorización del Gobierno.
Además, la reciente desclasificación de archivos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la justificación de los crímenes de la dictadura por parte de figuras como Agustín Laje refuerzan la estrategia del Gobierno de instalar una narrativa que relativiza el accionar represivo de las Fuerzas Armadas durante la dictadura.
El futuro de la ex ESMA y la resistencia de los trabajadores
Con el congelamiento de fondos en curso, el futuro de la ex ESMA es incierto. La situación podría llevar a una judicialización del tema, especialmente si los pagos no se realizan y los trabajadores no reciben sus salarios. El juez federal Ariel Lijo, a cargo de la megacausa ESMA, ya había ordenado al secretario de Derechos Humanos que garantizara el funcionamiento de los sitios de memoria, lo que subraya la importancia de mantener abierto este espacio histórico.
Los trabajadores, en tanto, siguen resistiendo este nuevo intento de vaciamiento de la ex ESMA, y la comunidad de derechos humanos continúa luchando por la preservación de la memoria histórica en uno de los lugares más emblemáticos de la Argentina.
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