La Cámara de Diputados retomará hoy a las 14 la sesión especial para continuar con el debate en particular de la ley Ómnibus, aprobada en general el viernes pasado. Aún persisten las diferencias entre el oficialismo y bloques opositores sobre algunos puntos.
La Cámara de Diputados aprobó el viernes en general, por 144 a 109 votos, el dictamen de mayoría con los cambios acordados entre las bancadas de la Libertad Avanza (LLA), la UCR, PRO, Hacemos Coalición Federal e Innovación. Pero debió pasar a cuarto intermedio hasta este martes para poder consensuar las discrepancias sobre algunos puntos de esa norma.
De acuerdo con las fuentes, la intención de algunos diputados es iniciar la sesión a las 14 y pasar a otro cuatro intermedio a la medianoche. Así, retomar mañana para repetir esa estrategia, aunque no descartan seguir otro día más si no agotan las instancias de acuerdos.
Los bloques opositores que votaron a favor esperaban respuesta a sus pedidos de reformulación un conjunto de artículos. Y no descartaban que hoy pueda haber nuevos contactos para buscar un consenso.
Ayer, la UCR mantuvo una reunión de bloque por Zoom donde quedaron en aguardar algunos respuestas del Gobierno. También se reunieron los diputados de Hacemos, que hoy volverán a tener un encuentro a las 11 para analizar la marcha de las conversaciones con el oficialismo.
El oficialismo necesita alcanzar un acuerdo con las bancadas que apoyaron en la aprobación del proyecto para votar en particular los 383 artículos del dictamen. Si una veintena de esos legisladores votan en contra y sumados a los 109 que ya rechazaron la iniciativa pueden caer artículos promovidos por el Gobierno nacional.
Los opositores que aprobaron están de acuerdo en votar a favor la declaración de emergencia que quedó limitada a seis materias -administrativa, económica, financiera, de seguridad, tarifaria y energética- y sobre biocombustibles y los entes referidos a la cultura.
En cambio, una decena de diputados no quieren votar artículos sobre facultades delegadas referidos a las facultades administrativas que permite disolver o suprimir organismos públicos, con excepción de las Universidades Nacionales, e intervenir todos los entes o empresas públicas y las que están vinculados a los fondos fiduciarios provinciales.
Uno de los puntos donde hay más acuerdo es en el capítulo de privatizaciones de empresas públicas. Aunque aún faltan pulir algunos artículos sobre el control de esos procesos de venta de esas compañías y la evaluación patrimonial de las mismas.
Los legisladores señalan que hay un principio de acuerdo en este punto. Pero tanto la UCR como Hacemos se oponen a las privatizaciones del Banco Nación, Nucleoeléctrica y de Arsat donde se proponen ventas parciales, y piden que un organismo independiente haga su tasación y tenga un rol importante la Comisión Bicameral en oportunidad de su publicación.
Las empresas que no quedarán sujetas a privatización, según esa propuesta, son el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A; Fabrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.
En tanto, otras 27 empresas entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Correos Argentinos, Aysa, Ferrocarriles Argentinos, Administración General de Puertos, Yacimientos Carboníferos Fiscal, y los medios públicos (Télam y RTA), entre otras, quedarían sujetas a privatización.
Otro punto que no hay acuerdo es en la propuesta del Gobierno sobre endeudamiento. Propone derogar el artículo 1° de la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, por el cual un futuro endeudamiento debe pasar por el Congreso. En cambio, sí se podría votar la reforma del artículo 65 de la ley de Administrativa referida a la nueva emisión para renovar la deuda.
Uno de los reclamos de las provincias era coparticipar el impuesto PAIS, que tiene una recaudación de unos 500 mil millones. Pero la idea fue rechazada por el oficialismo que quiere terminar con ese gravamen a fin de año.
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