Victoria Villarruel volvió a sacudir el tablero con una designación cargada de polémica. Esta semana puso al frente de la Subsecretaría de Auditoría y Control de Gestión del Senado a Juan Manuel Gestoso Presas, un militar retirado acusado de haber destruido pruebas esenciales en causas por crímenes de lesa humanidad. En 2008, un subordinado lo denunció por ordenar la incineración de libros del Hospital Militar de Salta con registros sobre nacimientos durante los años del terrorismo de Estado.
La vicepresidenta firmó la resolución el martes, en medio de una serie de nombramientos que reforzaron la impronta ideológica de su espacio. El ascenso de Gestoso Presas sorprendió incluso dentro del Senado, donde la influencia de figuras de ultraderecha como Iris Speroni ya venía siendo notoria. Speroni había tildado de “socialdemócrata” a Luis Petri por haber avalado la baja de militares con condena firme por delitos de la dictadura.
Gestoso Presas era jefe de Inteligencia en la Brigada de Montaña V cuando el Ministerio de Defensa, a cargo de Nilda Garré, pidió colaborar con información para las investigaciones sobre apropiación de bebés. En mayo de ese año, aparecieron dos libros de guardia médica que abarcaban los años 1970 a 1990. El material terminó en manos de Gestoso Presas, que —según el testimonio de un oficial— ordenó quemarlos.
La orden habría sido ejecutada por el capitán Silvio Manino Leal, quien escondió los libros en el baúl de su auto y, ante la gravedad de la situación, viajó a Tucumán y luego se presentó en Buenos Aires para contar lo ocurrido. El caso llegó a juicio en 2014, donde Manino Leal relató amenazas, vigilancia a su familia y presiones por parte de su superior. También declaró que Gestoso Presas solía justificar el accionar represivo de los ‘70, compartir escritos de Vicente Massot y visitar a represores detenidos, una práctica que Villarruel también realizaba en esos años.
A pesar de la contundencia del relato, la Justicia de Salta sobreseyó a Gestoso Presas por prescripción. Los jueces consideraron que destruir documentos no constituía un crimen de lesa humanidad.
El reciente nombramiento reavivó las críticas contra Villarruel por su afinidad con militares condenados. Este año ya había generado escándalo al homenajear a Horacio Losito, condenado tres veces por delitos de lesa humanidad, como gesto de reparación ante su baja en el Ejército.
Con este gesto, la vicepresidenta vuelve a enviar un mensaje claro: su defensa del accionar militar durante la dictadura no es solo un discurso, sino también una política activa desde las instituciones.
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